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Nacido en Madrid, de madre inglesa, casado y padre de cuatro hijos, es un empresario, abogado y articulista que pasó más de una década inmerso en el mundo de la política madrileña. Sus pasiones son escribir, la empresa y la política.
Nacido en Madrid, de madre inglesa, casado y padre de cuatro hijos, es un empresario, abogado y articulista que pasó más de una década inmerso en el mundo de la política madrileña. Sus pasiones son escribir, la empresa y la política.

Contra inflación, austeridad

3 de julio de 2022

Una de las paradojas de la economía moderna es que si bien una persona suele vivir varios periodos de crisis económica (los llamados e inevitables ciclos económicos), no ocurre lo mismo con la inflación. Nuestra generación sólo ha vivido una elevación del nivel general de precios durante finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando la mencionada inflación era superior al veinte por ciento. Entonces, como ahora, no se sabía exactamente la cifra real pues estaba tan desatada y descontrolada que las cifras que daba el Gobierno no tenían credibilidad alguna.

No quiero explicar las consecuencias de la inflación para una sociedad avanzada como la española ni la devastación de ahorros y la depauperación general, en particular de la clase media, que provoca. Para algunos, y desde la demagogia más atroz, puede ser una bonanza. Hay que recordar en este punto una frase de Alfonso Guerra cuando temible, ignorante e irresponsablemente afirmaba: “Hoy hay que pagar las hipotecas porque la inflación no lo hace».   

El Estado debe renunciar a mantener su cuota de impuestos sobre los carburantes, pues al fin y al cabo se está lucrando de lo que debería perseguir

Esta frase, de un gobernante siempre ajeno a la realidad y las necesidades de los ciudadanos, me lleva intentar plantear si fuera posible hacer algo desde el Gobierno para bajar la inflación y paliar sus consecuencias. Las estadísticas nos dicen que el único país de la UE que está soportando bien el temporal es Francia, con una tasa del 5 por ciento, muy por debajo del 8 por ciento de la media europea. Gracias a su apuesta por la energía nuclear ha logrado tener casi autonomía energética y por ello el impacto de la subida de su coste es mucho menor. Estamos, por tanto, acusando una mala política energética basada en la dependencia de unos países de los que, simplemente, deberíamos independizarnos.

Pero la energía tiene un precio que no refleja los gastos reales de producción, aunque haya factores políticos incluidos. Los costes principales son fiscales. De cada litro de carburante, el Gobierno carga algo más de la mitad en impuestos. Si el Estado no provocara unas necesidades económicas completamente desorbitadas o simplemente tuviera algo de sensibilidad hacia los ciudadanos, habría una clara voluntad de aligerar estas necesidades para que no repercutieran en ciudadanos y empresas de forma tan feroz como lo están haciendo.   

Pero el Estado está acostumbrado a sacrificarse muy poco durante las crisis. En la última, la denominada crisis financiera de 2008 apenas bajo la nómina de personal ni el gasto público corriente; lo único que se resintió de forma esencial fue la inversión en detrimento de las empresas que las llevan a cabo y los ciudadanos que usan las infraestructuras públicas. Imaginen que el Estado fuera una persona física y que para capear una crisis sólo tuviera que dejar de invertir, sin reducir el gasto ni despedir a nadie. Entenderán que hay poco sacrificio. Desde luego nada comparable con lo que sufrieron nuestras Pymes y autónomos durante aquellos largos años o lo que están sufriendo en estos tiempos.

En una crisis siempre se sacrifican los mismos. Raro es que caiga una empresa del Ibex, como tampoco lo hace el gasto público

La inflación se reduce mediante la competencia entre las empresas y también con un Estado austero que no detraiga todo lo que pueda del sector privado. Cuando hay un factor como es la subida de los precios de la energía —en esto coincide esta crisis con la anterior inflación que vivimos en los setenta tras el denominado “shock petrolífero”— el Estado debe de ser muy flexible o, al menos, renunciar a mantener su cuota de impuestos sobre los carburantes, pues al fin y al cabo se está lucrando de lo que debería perseguir. Mantener esta rigidez lo único que hace es favorecer lo que debería combatir: la inflación.

Volvamos a Alfonso Guerra y su ajenidad antes los gravísimos daños que produce la inflación. En una crisis siempre se sacrifican los mismos: los empleados de más edad en las empresas, los trabajadores de empleo precario, las clases medias, las pymes y los autónomos. Raro es que caiga una empresa del Ibex, como tampoco lo hace el gasto público. En la crisis que viene, y va ser importante, no esperen que cambie el guion.

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