Buena parte del descrédito público de los partidos políticos y de los políticos en general tiene su fundamento en una de las palabras más repetidas últimamente en los medios de comunicación social: la corrupción. La financiación ilegal de los partidos, de un lado, y el enriquecimiento de los políticos, de otro, son espectáculos lamentables que escandalizan a millones de ciudadanos que se las ven y se las desean para poder llegar a fin de mes o para pagar la hipoteca o el colegio de los hijos. Lejos están ya aquellos días de vino y rosas en que si la niña no se iba a Bali de viaje de bodas, la familia consideraba que no podría ni salir a la calle a pasear. Ahora vivimos tiempos de vacas flacas, y la propensión a escandalizarse por los casos de corrupción política (que siempre es también, naturalmente, económica) aumenta en la misma medida que la envidia hacia aquellos a los que les marchan mejor las cosas.
Pero el caso es que, además, muchos políticos y casi todos los partidos dan motivos; y como es sumamente raro que quienes se han enriquecido ilícitamente devuelvan el dinero hasta quedarse en la situación económica que tenían antes de llevarse el primer céntimo irregular a la bolsa, se extiende la mentalidad que alguna vez hemos llamado de tricoteuses a la española (por analogía con las mujerucas que se sentaban haciendo calceta al pie de la guillotina a presenciar ejecuciones en la Revolución Francesa). El amor a la honradez y las cosas bien hechas brilla por su ausencia, para ser sustituido por el ansia de ver a los corruptos en la cárcel.
Cuando saltó a la publicidad el llamado escándalo Filesa de financiación ilegal del PSOE, el entonces presidente del Gobierno Felipe González trató de salvar su imagen con la creación de una Fiscalía especial, con competencia en todo el territorio nacional, dedicada a combatir específicamente la corrupción. A muchos les pareció una buena idea, hasta que fueron cayendo en la cuenta de que, en realidad, aquello consistía en sustraer a todos los demás fiscales los casos de corrupción política, para que los viera en exclusiva el designado especialmente por el propio Gobierno. Al mismo tiempo, la normativa sobre financiación de los partidos cambia y cambia sin que se logre encontrar la fórmula que haga, si no imposible, sí al menos muy difícil la corrupción, porque los partidos harán cualquier cosa, menos una: limitar los terrenos en los que meten su mano intervencionista en la vida de la gente y reducirse a ser sólo eficientes máquinas en período electoral. Todo, menos perder su intromisión social y su condición de suministradores de empleo a militantes y enchufados. Y así andamos.
