Somos de los que pensamos que la noble actividad de la política, con mayúsculas, es una de las cosas más loable que puede hacer una persona. Levantarse por la mañana y decir que lo que tiene uno que hacer es dedicarse a los demás es admirable.
Entendemos la política como una actividad voluntaria, que no es para servirse sino para servir, y que lo único que se puede esperar de ella es la satisfacción del deber cumplido.
La corrupción no tiene ideología y es, generalmente, un acto individual que dependiendo de la gravedad puede colectivizarse e introducirse en las instituciones. La codicia personal es el factor que guía a muchos a entrar en ese circuito malévolo.
No puede haber ni un resquicio, aunque estemos en un Estado de Derecho garantista y la presunción de inocencia es para todos, para el corrupto y la corrupción. No puede haber ninguna duda, por parte de nadie y sobre todo de los que estamos temporalmente en lo público, que la corrupción es detestable y precisa del desprecio social.
Siempre hemos insistido en que todas las fuerzas políticas debemos hacer un esfuerzo importante para erradicar la lacra de la corrupción de todas las esferas de la vida. No podemos permitirnos que la corrupción y la clase política estén entre los principales problemas de la ciudadanía de este país. Es intolerable y hace insostenible el Estado de Derecho del que hablamos.
Sé que en otras ocasiones me he dirigido a ustedes para tratar este mismo tema, es decir, el desapego de la ciudadanía hace lo público, pero el contexto político en el que nos encontramos hace necesario rescatar la cuestión para continuar profundizando en ella.
La corrupción tiene una doble lectura como delito intolerable. Por un lado, erosiona la confianza de la ciudadanía en un sistema, el democrático, que todos nos hemos dado como forma de convivencia y, por otro, estigmatiza una noble actividad como es la política.
Por eso, con cada caso de corrupción que injustamente estigmatiza a todos los que nos dedicamos a esta actividad tan honorable, se acrecienta la fractura entre la sociedad y la política. Quizá ya no es tiempo de quedarse esperando a las resoluciones judiciales, las cuales respetamos sin reserva de ningún tipo, sino que toca dar un paso más allá.
Ya lo ha hecho el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que esta semana y aprovechando una sesión de control en el Senado ha perdido perdón a todos los españoles y ha asegurado que comparte su indignación y su hartazgo, pero también ha dejado claro que estos escándalos no deben ensuciar injustamente la imagen y reputación de quienes entran en la política para servir a los demás.
Ser político no es una profesión, es una vocación. Una dedicación fundada en el interés por el servicio a lo público en un ejercicio de coherencia que, como un mantra, nos gusta tener siempre presente: es difícil ser un coherente profesional en cualquier área y un incoherente ciudadano. Esto al final es la política, pura coherencia y sentido común.
Ahora toca trabajar en dos grandes frentes, la prevención y la concienciación de la ciudadanía de que se trata de casos aislados que a todos nos producen asco. Por eso no me cabe la menor duda que las administraciones tendrán que ponerse manos a la obra para trabajar en solventar un problema que nos afecta a todos.
Con la corrupción no cabe ni la más mínima tolerancia. En esa clave está trabajando el Gobierno de España al intentar buscar el consenso con la mayoría de los Grupos parlamentarios, de una forma serena, sin algaradas ni fanfarrias. Únicamente con propuestas concretas: un código de Buen Gobierno, una Ley de Transparencia, una Ley de Financiación de Partidos Políticos y, desde luego, un gran Pacto contra la Corrupción.
Los que quieran sumarse encontrarán la mano del Partido Popular tendida para erradicar esta lacra social que genera repulsión en la ciudadanía. Como también afirmó Mariano Rajoy, la democracia no puede admitir que nadie juegue con la confianza que los españoles depositan en quiénes los administran.
La corrupción nos roba el dinero a todos, pero no podemos permitir que nos robe también la confianza. Como miembro del Partido Popular estamos doblemente indignados, como ciudadanos y como militantes. Primero, porque estas conductas son especialmente hirientes cuando los españoles han tenido que afrontar tantos esfuerzos; y segundo porque como ya hemos dicho es injusto que se extienda la sospecha a todos los políticos, cuando la mayoría trabaja por vocación de servicio público, sean del partido que sean.
Por nuestra parte, les aseguro que seguiremos protegiendo al conjunto de los ciudadanos y a la democracia de este país llamado España. Eso es responsabilidad y sentido de Estado. Eso es tolerancia cero con la corrupción.
