Paradójicamente fue en la localidad catalana de Vic, a una setentena de kilómetros de Barcelona. Era precisamente en enero del año 2010. Hace ahora quince años. O sea que imaginen cuánto tiempo perdido.
El consistorio aprobó no empadronar a inmigrantes sin papeles. Entonces el alcalde era de CiU, en este caso de Unió: Josep Maria Vila d’Abadal. Pero la decisión no fue unilateral sino que resultó aprobada también por el PSC y Esquerra. El equipo de gobierno tomó la decisión de que siempre que llegara un inmigrante que había entrado ilegalmente se lo comunicaría a las autoridades, es decir, al Cuerpo Nacional de Policía. Se armó tal revuelo que la corporación tuvo que hacer marcha atrás. Recuerdo crónicas de diarios progresistas como El País y El Periódico, que debieron hacer mella en las direcciones tanto del PSC como ERC. Obligaron a sus respectivas agrupaciones locales a rectificar.
Allí se jodió el mapa político de Vic porque, en las municipales del año siguiente, Plataforma por Cataluña —el primer partido antiinmigración— sacó ya cinco concejales. Ahora hay nada menos que siete grupos municipales.
Allí se jodió también la política de inmigración del Estado. ¿Por qué si los ayuntamientos son Estado, es decir, una Administración pública, tienen que empadronar a inmigrantes que han entrado ilegalmente? Resulta una contradicción que el Estado deba velar, en teoría, por que que no entren. Y los ayuntamientos, en cambio, los empadronen. Ello, como saben, da derecho automáticamente a educación y atención sanitaria, Además de poder pedir ayudas sociales en caso de familias vulnerables.
Vic tiene ahora casi un 30% de población extranjera que evidentemente es más. Sobre todo en algunos barrios. Los sin papeles no salen en las estadísticas oficiales. Mientras que los nacionalizados tras diez años de residencia legal dejan de salir. Lo bueno es que hace sólo un par de décadas, en pleno apogeo de Pujol, se la conocía como la Cataluña catalana. Era un feudo de Convergencia.
Yo no creo en estas cosas, pero debe ser el karma. De esta localidad surgieron, durante la Guerra de Sucesión, los representantes que pactaron con Inglaterra a favor del archiduque Carlos de Austria. A pesar de que en 1701-1702 las Cortes Catalanas habían jurado ya fidelidad a Felipe V. Un detalle que con frecuencia omite la historiografía oficial.
En pleno proceso, llenaron la Plaza Mayor de cruces amarillas en recuerdo de lo que ellos llamaban «presos políticos». Incluso desde los altavoces del ayuntamiento se lanzaron consignas en contra de «normalizar» la represión. Pero si te paseas ahora por algunos barrios parece una ciudad extranjera. Yo lo he hecho.
