Gran conocedor del público al que se dirige, pues en gran medida éste ha sido configurado por las escuelas y los medios de comunicación afines durante más de cuatro décadas, Pedro Sánchez terminó por pronunciar la palabra «amnistía», tantas veces dicha como negada durante la campaña electoral. A pesar de haber sido derrotado en las urnas, el doctor ya apareció exultante durante la noche del 23 de julio. A partir de ese momento, el PSOE, que siempre lleva grasa en la guantera para facilitar el movimiento de la maquinaria mediática que le rodea, desplegó una estrategia que tenía un objetivo evidente: el mantenimiento de Sánchez en La Moncloa, con las jugosas consecuencias que para todo el aparato socialista ello acarrea.
Durante más de tres meses, los propagandistas del sanchismo, apenas molestados por pellizcos de monja de amortizados jarrones chinos, se han dedicado a poner sordina a un tiempo de oscuras negociaciones con golpistas y formaciones en las que operan viejos terroristas. En los argumentarios distribuidos entre los voceros destacaban varios mantras. El primero de ellos, que ya expira, es que no se podía hablar de lo que no se conocía. Se trataba, así, de ganar tiempo para negociar, es decir, para plegarse a las cada vez más crecientes demandas de los lazis, al tiempo que se etiquetaba de exaltados, en el mejor de los casos, a quienes no estuvieran dispuestos a tragar con semejante medida, aniquiladora de nuestro Estado de derecho. Complementario al argumento del desconocimiento, se ha aseverado que todo lo que se haga se situará dentro de los márgenes del marco constitucional, dándose la circunstancia de que al frente del Tribunal Constitucional se ha situado al togado que con más complacencia luce lamparones sobre su vestidura talar. Por último, la estrategia del «y tú más», ha recordado la amnistía fiscal impulsada por el PP, en realidad, un reajuste económico de consecuencias mucho menores que la amnistía que ahora se trata de llevar adelante, que no borró el delito, sino que supuso la negociación con diversos defraudadores. Medida no exenta de prudencia economicista capaz de recaudar lo posible ante la realidad de la evasión de capitales.
La estrategia, en cualquier caso, ha supuesto una enmienda total a las declaraciones que, respecto a la amnistía, hicieron la inmensa mayoría de altos cargos socialistas hasta la víspera de las elecciones de julio. Meses después, levantados como coreanos resortes para aplaudir la última comparecencia de Sánchez, todos se han abonado a los cambios de opinión de aquel al que deben su designación. En la cima de la desvergüenza, José Luis Ábalos, que hace un lustro decía que los CDR eran el germen de la kale borroka, dice ahora que sus acciones respondían a una «expresión popular».
Sea como fuere, la ley de amnistía, sobre la que planea la sombra de la prevaricación, parece ya precocinada y difícilmente los recursos jurídicos tendrán efecto, pues cuando estos lleguen, Puigdemont podría haber alcanzado un nuevo cargo público intocable, pues la apelación a la democracia blinda, cuando conviene, casi cualquier situación.
En este contexto, España parece entrar definitivamente en un proceso balcanizador cuyo origen ha de buscarse en otra amnistía, tantas veces invocada, bajo la que ya operaban algunas de las principales fuerzas disolventes de la nación, razón por la cual, y bien sé a cuántos contradigo, es el momento idóneo para abordar la crítica de aquella ley que convivía, en fácil pareado, con los estatutos de autonomía.
