Por Jesús Argumosa
El Gobierno que se establezca como resultado de las elecciones del pasado 26 de junio tiene que definir, entre otras cosas, la Política de Defensa que España va a llevar a cabo en la próxima legislatura. Parece razonable pensar que dicha Política de Defensa será consecuencia de las propuestas que el partido o partidos políticos que vayan a gobernar hayan expuesto en sus Programas electorales.
He leído los Programas electorales de los cuatro grandes partidos políticos que han concurrido a las elecciones citadas para considerar la atención que prestan al tema de la Defensa como asunto de Estado. Con independencia de que la Defensa aparece al final de los Programas, e incluso en algunos aparece muy descafeinada, hay diferencias sustanciales. Mientras los partidos tradicionales lo trataron con cierta profundidad, en los partidos emergentes lo contemplaron con escaso interés.
Y mucha menos atención se prestó a la Defensa en las apariciones en público de los distintos líderes políticos. Produjo la impresión de que la Defensa es un asunto que no les concernía a unos mientras que, otros, la consideraban poco menos que una cuestión secundaria en sus planteamientos del programa de gobierno. Es un tópico habitual entre algunos políticos decir que la defensa no proporciona votos.
Y lo cierto es que la Defensa es un elemento vital para la seguridad nacional. No hay que olvidar que los intereses de seguridad nacional son, fundamentalmente, tres: proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos; garantizar la defensa de España y sus principios y valores institucionales; y contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
También es lógico tener presente que, básicamente, la primera prioridad para el próximo Gobierno, independiente del partido o partidos a que pertenezca, será disminuir el problema del paro a la mayor brevedad posible, fortalecer los servicios sociales y garantizar las pensiones además de solucionar la crisis económica que estamos padeciendo.
Dicho esto, hay que tener en cuenta que, para llevar a cabo las prioridades enunciadas anteriormente, es preciso, previamente, que estén garantizados los intereses de seguridad nacional mencionados. Y uno de los instrumentos más importantes para que España pueda proteger y garantizar dichos intereses con objeto de que sus ciudadanos puedan vivir en paz con seguridad y alcanzar la deseada prosperidad es la Defensa, sustentada principalmente en sus Fuerzas Armadas.
Pero, para que las Fuerzas Armadas cumplan sus misiones con eficiencia, es necesario que dispongan de los recursos suficientes, tanto en personal como en material. En la actualidad ese no es el caso. En la Cumbre de la OTAN, celebrada en Gales, en septiembre de 2014, se marcó como objetivo que cada país debiera alcanzar en gastos de defensa el 2% del PIB en los próximos 10 años, es decir, para 2024. Lo cierto es que, según cifras de la OTAN, España ocupa el 3º lugar por la cola en gastos de defensa con un porcentaje del 0,89% del PIB, solo detrás Hungría con un 0,85% y Luxemburgo con el 0.47%.
Garantizar la seguridad de España y los españoles es la primera de todas las responsabilidades de un Gobierno. Es preciso tener la vocación de liderazgo en ciertos lugares con el objeto de ejercer nuestro protagonismo y nuestro peso en las diferentes organizaciones de seguridad y defensa como puede ser en Naciones Unidas, en la Alianza del Atlántico Norte o en la PESC de la Unión Europea.
Hoy el orden internacional establecido desde la Segunda Guerra Mundial está siendo agitado por una variedad de fuerzas entre las que se encuentran poderosos y ambiciosos regímenes como el de Rusia y China, movimientos terroristas del radicalismo islámico, profundos cambios en la economía global, la amplia y fuerte actuación de los actores no estatales, los retos del ciberespacio y los cambios en el medio ambiente junto con la transformación del clima.
Para España la estabilidad del Norte de África, del Magreb y del Sahel es un objetivo de alto interés estratégico. Su tratamiento está incluido dentro del posicionamiento geoestratégico de la UE y de la OTAN, nuestros principales compromisos internacionales.
La amenaza presente y más inmediata es el yihadismo transnacional, en hostilidad directa y declarada al orden occidental y al musulmán no radical, con Estados Unidos, Europa y España como principales objetivos.
Sin embargo, la amenaza más peligrosa para las democracias se halla en aquellos potenciales adversarios, principalmente estatales, que quieren destruir nuestro modelo de libertad, de justicia y de cumplimiento de la ley. Sustentan no solo las capacidades derivadas de las tecnologías más avanzadas sino también los más sofisticados medios de la revolución de la información.
En este contexto de seguridad y defensa internacional y regional, el Gobierno que lidere la próxima legislatura debiera tener en cuenta, entre los temas a contemplar en el campo de la Política de Defensa, el siguiente decálogo.
Propuesta de decálogo de Defensa
– Firmar un Pacto Nacional entre los partidos políticos sobre Defensa con el propósito de que la Política de Defensa sea siempre la misma, sin dar “bandazos” no deseados, con independencia del color y de la composición del Gobierno, en cada momento.
– Desarrollar totalmente el ciclo de planeamiento estratégico iniciado con la Estrategia de Seguridad nacional 2013, continuadora de la Estrategia Española de Seguridad 2011. Como hacen nuestros socios y aliados, el ciclo integra tres documentos: la Estrategia de Seguridad, que se realiza a nivel presidencial; la Estrategia de Defensa, en el entorno del Ministerio de Defensa; y la Estrategia Militar, que la elabora el JEMAD.
– Establecer un escenario de estabilidad presupuestaria con el progresivo incremento del gasto de Defensa con la vista puesta en que, en el 2024, llegue a alcanzar el 2% del PIB, de acuerdo con el objetivo señalado por la OTAN, citado más arriba. Constituye una muestra fehaciente de compromiso con nosotros mismos y de solidaridad con nuestros socios y aliados.
– Racionalizar estructuras ya sea del órgano Central o de los Cuarteles Generalas, evitando duplicidades y competencias entre los organismos políticos y los estrictamente militares. Asimismo, alcanzar el pleno desarrollo de la carrera militar y la consolidación de la enseñanza militar con las reorientaciones correspondientes, en su caso.
– Integrar la actuación militar con todas las herramientas del poder del Estado, como puede ser la diplomacia, la economía, la inteligencia, el desarrollo, la cultura o la tecnología junto a los principales elementos de la sociedad civil al objeto de que todo ello contribuya a optimizar la acción única del Estado.
– Incrementar el protagonismo y el rol que a España le corresponde en el mundo mediante el cumplimiento de sus compromisos y aportaciones internacionales en el marco de las operaciones militares de Naciones Unidas. Así mismo, promover el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE al mismo tiempo que jugamos un papel de mayor liderazgo en la OTAN.
– Mantener en todo momento la operatividad de las Fuerzas Armadas, capacidad fundamental para que puedan cumplir sus misiones con la máxima rigurosidad y eficacia dentro de los actuales criterios de austeridad y eficiencia. Resulta vital conservar la interoperabilidad necesaria para cooperar con nuestros socios y aliados en las diferentes operaciones militares multinacionales.
– Impulsar y reforzar la industria de defensa nacional para que sea capaz de liderar grandes proyectos de alto valor tecnológico y de cooperación internacional en este sector.
– Fomentar acuerdos y colaboraciones con la sociedad civil, especialmente en los campos de la educación, de la economía y de las finanzas y de los medios de comunicación al objeto de difundir la conciencia y cultura de Defensa dentro de la sociedad española.
– Proporcionar un mayor protagonismo a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que aún no está lo suficientemente “rodada” en nuestro sistema democrático y, así, pueda participar más activamente en los asuntos de Defensa como ocurre en los países democráticos más avanzados de nuestro entorno.
