El pasado de viernes 5 de abril el gobierno de Ecuador dio la orden de entrar en la Embajada de México en Quito y detener a Jorge Glas, ex presidente de Rafael Correa después de que el Gobierno mexicano le hubiese concedido el asilo político que había solicitado, lo que llevó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a decidir la suspensión de las relaciones diplomáticas con el país andino.
Nicaragua, por su parte, fue el primer país en anunciar que rompía relaciones diplomáticas con Quito «en absoluto rechazo y condena a la barbarie política neofascista del gobierno de Ecuador».
Jorge Glas contaba con el apoyo previo del Grupo de Puebla, del que forman parte colaboradores cercanos al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien había justificado sin pudor los escándalos protagonizados por quien fuera mano derecha de Rafael Correa.
La administración de Nicolás Maduro también aprovechó el episodio para fustigar a Ecuador: «Es un acto de barbarie, algo nunca visto en América Latina. El gobierno de derecha ‘proyanqui’ violó brutalmente el derecho internacional, secuestrando a un asilado político. Venezuela alza su voz contundentemente para rechazar este acto fascista», pontificó. Comentario al respecto: más allá del color político de la administración que llevó a cabo tamaño despropósito, resulta hipócrita la condena viniendo de quien ha hecho una norma de la violación sistemática de todo principio de convivencia republicana. Y lo hizo precisamente mientras seis estrechos colaboradores de la líder opositora de su país, María Corina Machado, permanecen refugiados en la embajada argentina en Caracas precisamente por padecer el asedio permanente de los agentes chavistas.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interponga acciones cautelares en favor de Glas «al que se le violó de manera bárbara su derecho de asilo» y México acaba de anunciar que lleva la demanda ante la Corte Internacional y exige a la ONU la expulsión de Ecuador. El pedido de suspensión temporaria ya fue presentado por México en tanto no se emita una disculpa pública y se garantice la reparación del daño moral ocasionado, sostiene la canciller de AMLO, mientras se prepara la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en medio de un respaldo internacional que incluye a la misma Casa Blanca.
El mandatario izquierdista Petro, además, también reclamó reuniones urgentes en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en paralelo a la declaración de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien anunció la reunión de su Consejo Permanente. Almagro invocó al pleno respeto de la inviolabilidad de las embajadas y llamó a la negociación entre las partes. Claramente Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la que es firmante igualmente que México. La letra de ese acuerdo señala que los locales diplomáticos y el personal son inviolables sin excepciones.
Hasta aquí, los hechos y las reacciones. Jorge Glas, por tratarse de un representante de la izquierda con todos los componentes de corrupción e impunidad habituales en las autocracias latinoamericanas, sus aliados no demoraron en escandalizarse por los acontecimientos, solidarizarse con el político apresado y condenar el hecho del asalto a la sede diplomática; ocurre que esas salvajadas son propias de los regímenes que desprecian las instituciones pero, en este caso, que un gobierno democrático haya transitado el camino de la arbitrariedad internacional es un regalo inmerecido para el Grupo de Puebla y las izquierdas del continente.
Lo que hizo el gobierno de Ecuador podría abrir una caja de Pandora sumamente peligrosa. Sin duda alguna marca un precedente gravísimo y preocupante. No es exagerado suponer que ahora cualquier autocracia como Venezuela, Cuba, Nicaragua o Bolivia, o aún las que vayan camino a serlo, se atrevan a prácticas similares. Ojalá a las dictaduras de la región no se le ocurra emular a Ecuador en ese acto, pues sabemos lo que ocurre en esos regímenes con sus presos políticos: son torturados o asesinados y sus familias amenazadas.
Todos estos sobresaltos culminan unas semanas de fuego cruzado entre presidentes, en los que se han visto inmersos al menos siete países. Colombia y la Argentina estuvieron a punto de romper relaciones a partir de insultos que se dedicaron los mandatarios de ambos estados y la última jugada electoral de Maduro obligó a Petro y a Lula da Silva a reprochar a su aliado, que hasta hizo mención de sus pares ideológicos como la “izquierda cobarde”. En el reparto de insultos (asesino, Hitler, nazi, injerencista), Daniel Ortega obtuvo el primer premio: llamó “Pinochetito, basura, vergüenza para la izquierda” al presidente chileno Gabriel Boric y “traidor” a su par colombiano, Gustavo Petro.
Estamos viendo un incremento en las tensiones diplomáticas entre países de la región. Si esto sigue así, el orden establecido en Occidente, que ha mantenido una mínima estabilidad internacional, está en peligro.
«De esta forma México vuelve a la cabeza de América Latina y deja al gobierno de Ecuador como radical», dijo al diario argentino La Nación Michel Leví, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales, quien estimó que ambos gobiernos han violado artículos de la Convención de Viena ahora y cuando México dio asilo a un exfuncionario con sentencias firmes en su contra.
Ecuador se queda prácticamente solo en el concierto internacional, aunque a nivel interno puede obtener réditos políticos de este episodio dado que las elecciones presidenciales son el año que viene y mostrar a la sociedad una actitud concreta contra la corrupción lo puede favorecer electoralmente.
Son precisamente corrupción y violencia las que agitaron los deseos de cambio en las elecciones disputadas en el continente en los últimos años y el triunfo electoral de Nayib Bukele en El Salvador viene a confirmar lo que las sociedades están esperando de sus mandatarios: orden, seguridad y lucha contra la corrupción. El caso de Javier Milei en Argentina suma, además, la lucha contra una inflación desatada que ha elevado la pobreza a índices escandalosos.
Es de esperar que los procesos de saneamiento económico y social de los países de la América Hispana tengan el componente moral que los legitime, caso contrario darán lugar a nuevos enfrentamientos políticos que, invariablemente, se disputan entre las dirigencias y en detrimento de las sociedades.
