El acto central de este viernes en la sede del Congreso de los Diputados fue una expresión acabada del alto grado de deterioro de nuestra sociedad política: una solemne recepcion oficial para conmemorar el XXXV aniversario de la Constitución, en una atmósfera de agotamiento de la norma que se celebra, y cuyo discurso principal, pronunciado por el presidente de las Cortes Generales, ha consistido en invitar a los asistentes a considerar que a lo mejor todavía se pueden extraer de ella algunas posibilidades de desarrollo. Una cosa así más parece fruto de la imaginación de un hábil guionista que algo ocurrido en la realidad.
Pero la realidad es también que no sólo no se dan las condiciones mínimas de consenso político para emprender una reforma constitucional, sino que las sugerencias emitidas a modo de globos sonda son contradictorias entre sí (profundizar en las autonomías y suprimir el Título VIII), obedecen a ocurrencias improvisadas y sin contenido reconocible (nadie sabe en qué consistiría ese carácter federal de la Monarquía española) o son puras cortinas de humo para encubrir las carencias de los partidos políticos, que han perdido toda noción de los valores que dicen defender.
Algo, sin embargo, cabe hacer con la Constitución de 1978 antes de proceder a su desguace: cumplirla en todos sus términos, respetar el espíritu del constituyente, desarrollar las leyes que ordena promulgar y aún están por hacer, y dotar al Tribunal Constitucional de magistrados que no tengan nada que agradecer ni nada que esperar del poder político, condiciones sin las cuales no se puede hablar en serio de una real independencia. Nada de todo esto se ha ensayado todavía, y tal vez ahora sería una buena ocasión para intentarlo. Pero es dudoso que eso ocurra, pues los encargados de esa tarea serían los mismos que saldrían perjudicados, y ellos lo saben muy bien.
