La tenacidad de organizaciones como Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana ha conseguido unos logros judiciales que suponen una seria amenaza para un régimen político, antesala del movimiento lazi, basado, en gran medida, en la inmersión lingüística en catalán. Como es sabido, Cataluña es diferente. Y lo es, sencillamente, porque tanto el PSOE como el PP, ansiosos por llegar a La Moncloa a casi cualquier precio, han entregado la educación, que a menudo se suele confundir con el adoctrinamiento, a sectas tan fanáticas como esas en las que milita, por ejemplo, el vocinglero Fredi Bentanachs, antiguo miembro del grupo terrorista Terra Lliure, que recientemente ha afirmado que Cataluña es víctima de un genocidio. Prueba del colaboracionismo de los partidos hegemónicos, en lo que a cercenar los derechos lingüísticos de muchos compatriotas en Cataluña se refiere, es el hecho de que la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha manifestado que el Gobierno no va a instar a la ejecución forzosa de la sentencia del TSJC que ordena a la Generalidad impartir, al menos, el 25% del horario lectivo en español, sentencia que se debe al trabajo de las mentadas organizaciones que, sabedoras de hasta qué punto el gobierno del doctor Sánchez está dispuesto a seguir al servicio de aquellos a los que debe su propia existencia, han planteado ya una ofensiva judicial en cuatro frentes, para obligar al gobierno catalán a introducir el español como lengua vehicular.
El primer objetivo es que 14.000 alumnos puedan lograr recibir la enseñanza en español. Un colectivo conformado, en gran parte, por hijos de guardias civiles que, debido a la movilidad inherente a su trabajo, sufren los efectos de la política lingüística del Estado de las Autonomías. El cóctel -lengua del imperio+guardia civil- está servido, y resulta del todo indigerible para las fanatizadas gentes que, como Bentanachs, viven en una realidad paralela repleta de fantasmas y fantasías represoras. Sin embargo, pese a su vehemencia, Bentanachs no es, -«líbrame de las aguas mansas que de las malas me libro yo»-, ni mucho menos, el más peligroso enemigo del cumplimiento de la ley en Cataluña. Otros son, por el interés puramente egoísta que les mueve, los que oponen una mayor resistencia, bien que envuelta en fórmulas más sutiles, al cumplimiento del exiguo 25% que figura en la sentencia.
Quizá lo más alarmante, en lo que a esta cuestión se refiere, es asistir a la puesta en circulación de fórmulas como la de la «cooficialidad amable», manejada por el ungido Alberto Núñez Feijóo
Muchos de ellos procesionaron el pasado sábado desde la Plaza de San Jaime de Barcelona al Parlamento de Cataluña, tan cercano al zoológico de la Ciudad Condal, coreando lemas como: «¡Que no nos recorten la lengua! Escuela pública y en catalán», «¡Basta! Queremos vivir en catalán» o «Menos inmersión y más segregación». Este último habla a las claras de hasta qué punto los interesados, en lo propio, en ganarse el chusco con la menor competencia posible, desean blindar su medio de vida, ayudados por colectivos como Ómnium Cultural, fundado en los muy franquistas años 60, cuya vicepresidenta, Mónica Terribas, transida de un fundamentalismo democrático concordante con sus objetivos, ha pedido que la propuesta se consulte a la comunidad educativa.
Todo conspira para que PSOE y PP acuerden medidas que perpetúen la babelización de España que tan buenos resultados, a costa de los derechos de los españoles, les ha dado.
Muchas son las ocasiones en las que, después de que la justicia fallara a favor de determinadas medidas, el ejecutivo se ha inhibido de su responsabilidad de hacer cumplir las sentencias. Muchas las veces en que los españoles han asistido a descaradas manipulaciones del poder judicial o a la concesión de indultos que han puesto a prueba la confianza en algunas instituciones que acaso algún día reconsideren el alcance sus actos. Sin embargo, quizá lo más alarmante, en lo que a esta cuestión se refiere, es asistir a la puesta en circulación de fórmulas como la de la «cooficialidad amable», manejada por el ungido Alberto Núñez Feijóo, cuya política impide a muchos españoles desarrollar su trabajo en Galicia, o ese «bilingüismo cordial» que pretende implantar en Asturias su actual presidente. Amenazados por una creciente ola contraria a la mordaza lingüística, todo conspira para que PSOE y PP acuerden medidas que perpetúen la babelización de España que tan buenos resultados, a costa de los derechos de los españoles, les ha dado.