«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
Vicepresidente Primero Acción Política de VOX. Jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo. Abogado del Estado

Biografía

Vicepresidente Primero Acción Política de VOX. Jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo. Abogado del Estado

Economía nacional

9 de julio de 2023

Galicia, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía, Canarias, Castilla-León, Aragón y la Comunidad Valenciana tienen sus propios defensores del pueblo autonómicos, además del Defensor del Pueblo de todos los españoles, previsto en el artículo 54 de la Constitución. Pero nunca en toda la historia reciente los españoles, los ciudadanos, se han sentido más desamparados e indefensos frente al poder ejercido por los gobiernos y las administraciones públicas: vulneración de derechos lingüísticos de alumnos, violación de la libertad de educación de los padres y de los propios centros, vulneraciones de la libertad de movimientos por las restricciones climáticas, de la libertad de empresa y establecimiento y de la igualdad en el acceso a la función pública; o de la libre expresión y opinión en redes sociales. 

Cuando Sánchez confinó ilegalmente a los 47 millones de españoles, el Defensor del Pueblo calló. En la oficina del Defensor del Pueblo prestan servicio hoy 192 personas. En la oficina del Síndic de Greuges de Cataluña, 67. Multipliquen ustedes por las nueve regiones. Y es sólo un ejemplo de duplicidad, de ineficiencia, de gasto político creado por las comunidades autónomas para la protección de las castas políticas locales. 

Podríamos seguir con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), esa institución dirigida por Tezanos al servicio de la mentira de Sánchez; y los diversos Centros de Opinión autonómicos; en concreto, cinco actualmente existentes en Navarra, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Murcia

Y qué decir de la convivencia junto a la Agencia Estatal de Meteorología (con tres sedes distintas en Madrid) de diversos centros y organismos meteorológicos autonómicos (Cataluña, Vascongadas, Galicia, Andalucía,…). Y así, una lista finita pero amplísima. Falsas embajadas y delegaciones en el exterior, oficinas autonómicas de supuesta lucha contra el fraude que sólo sirven para crear apariencias, televisiones y policías autonómicas, servicios de salud, agencias tributarias autonómicas, etc. Una auténtica orgía de gasto ineficiente que además alimenta la desigualdad entre los españoles y crea reinos de taifas de la impunidad y el despilfarro, cuando no están directamente al servicio de la destrucción de la Nación. 

Nuestra economía está sitiada por auténticos ejércitos de organismos, agencias y entidades que duplican competencias, funciones y gasto, con merma de los bolsillos de los españoles, perjudicando la eficacia exigible a la acción pública y ahogando la vitalidad del emprendimiento y esfuerzo de la nación española. 

Pero también hay ejércitos de asociaciones, fundaciones, cooperativas y grupos de interés que viven exclusiva o principalmente de subvenciones y ayudas públicas.  Ejércitos que el propio Estado ha pertrechado durante décadas, gracias a la connivencia y participación de los dos grandes partidos que han convertido nuestro régimen constitucional en un Estado de partidos. 

Sindicatos y organizaciones empresariales; todo tipo de asociaciones y entidades de diverso pelaje ideologizadas, en muchas ocasiones incluso prestando servicios «externalizados» en educación o servicios sociales, adoctrinando a nuestros jóvenes: asociaciones LGTBIQ+, supuestas entidades culturales (por ejemplo, Ómnium cultural, uno de los ejes del intento del golpe de Estado en Cataluña), feministas de todo orden, entidades de ayuda a mujeres víctimas de violencia que, sin embargo, destinan la práctica totalidad de los fondos a gastos de personal y propaganda sin que la ayuda llega a las afectadas; y ahora, entidades eco-izquierdistas que destinan fondos a la difusión del fanatismo climático. Ejércitos de chiringuitos privados que saquean los fondos públicos. Miles de millones al año. En realidad, imposible de calcular hasta que no participemos en los gobiernos y podamos hollar este agujero negro de los fondos públicos

Y luego, si quieren, hablamos de los que, sin entrar ni permanecer legalmente en España, viven del erario, mantenidos directamente en centros públicos, o indirectamente a través de oenegés o similares, que acceden prioritariamente a servicios propios del Estado del Bienestar pero que ni han contribuido, ni contribuyen ni contribuirán a su sostenimiento, usufructuando el ahorro de los españoles.

Para que esta gruesa capa que anquilosa la vitalidad nacional se sostenga, sin añadir el más pequeño fruto al esfuerzo del resto de los ciudadanos, empresarios, autónomos, industriales, comerciantes, labradores, pescadores, intelectuales, artesanos y obreros, agotados por su trabajo, tienen que ver cómo un Estado gigantesco pero ineficiente les sustrae casi todo a sus medios de existencia. 

Casi cincuenta años de Estado de partidos nos ha colocado en un gravísimo problema que afecta a la rentabilidad de las explotaciones —agrarias, ganaderas, industriales—, al paro «forzoso» en que se hallan cientos de miles de españoles, a la formación profesional, a la prosperidad, en fin, de empresas y familias, que requiere una acción decidida y determinada. 

No se trata de redistribuir la poca riqueza, se trata de aumentarla. No se trata de luchar contra los salarios altos, hay que hacerlo contra los bajos salarios, la precarización del empleo, y la asfixia de familias y empresas. No se trata ya de bajar medio punto en no sé qué impuesto o de dictar una nueva ley armonizadora de no sé qué desastre creado por las autonomías. 

Es imperativo restaurar todo el daño infringido. Reducir drásticamente el gasto político para asegurar las pensiones y los servicios públicos deteriorados. En todos los órdenes, en todos los niveles de la Administración. Adelgazar el Estado, fundamentalmente la excrecencia autonómica, para dotar a los municipios de la necesaria autonomía y garantizar desde la Administración del Estado la igualdad esencial. Poner en forma al Estado, pequeño, pero fuerte, ágil y eficiente; un Estado que aspire al pleno empleo, y no a la plena confiscación. 

Es imperativo restaurar la dignidad del trabajo, que es un derecho de todos los españoles, y un deber. El trabajo como contribución a la solidaridad nacional, al sostenimiento de las cargas comunes, a la prosperidad de todos. Y con ello, restaurar la dignidad del empresario, honrado. Y estimular a unos y otros, al aumento del rendimiento de su labor; desincentivar el no trabajo e incentivar la rentabilidad. Mañana veremos cómo. 

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