La Cumbre Mundial de la Educación que se celebra este año en Doha ha puesto de relieve que en una gran mayoría de países, incluyendo muchos desarrollados, existe un alto grado de insatisfacción respecto de su sistema educativo. Aunque mal que abunda, consuelo de cabezas huecas, este sentimiento general no nos debe llevar en España a la resignación o a la desidia en un área tan crucial de nuestra posición en el mundo. La educación ha sido y es en nuestros lares un grave problema sin resolver durante toda la edad contemporánea. Son célebres los lamentos de nuestros regeneracionistas de finales del XIX y también de la generación del 27 del siglo pasado sobre la cuestión. Durante nuestra reciente etapa democrática, que arranca en 978, no sólo no hemos avanzado en tema tan crucial, sino que la universalización y masificación de la enseñanza primaria y secundaria no han ido acompañadas de la necesaria mejora de la calidad. El lamentable espectáculo ofrecido por nuestros ciudadanos cuando se les pregunta en la televisión por cualquier suceso o se recaba su opinión sobre este o aquel asunto y se muestran con frecuencia incapaces de articular tres frases mínimamente coherentes sintácticamente correctas nos demuestra todos los días el bajísimo nivel cultural que padecemos. También resulta frustrante el recurrente suspenso que recibe España en los informes PISA sobre el rendimiento de nuestras escuelas e institutos. Por no hablar del decepcionante número de lectores de periódicos o de libros comparado con indicadores similares de otras naciones europeas.
Es sorprendente que los responsables públicos sean tan reacios a comprender el papel clave de la educación y sus efectos beneficiosos en una amplia variedad de campos de nuestra vida colectiva. De hecho, de entre los diferentes capítulos del llamado bienestar social, educación, sanidad, protección a la infancia y a la vejez, atención a los discapacitados y vulnerables, es precisamente la educación aquél al que se debería prestar una atención prioritaria por tener consecuencias determinantes en todos los demás. Así, una población bien preparada es más competitiva, lo que aumenta el volumen de ocupados y con ello el PIB per cápita, lo que se traduce a su vez en convivencia pacífica, mejor salud y mayor recaudación tributaria. Por otra parte, si la gente posee los conocimientos adecuados, evita los hábitos nocivos de vida, es menos proclive a dejarse llevar por emociones destructivas y se arma de instrumentos críticos de análisis de la realidad que la protegen frente a manipuladores y demagogos. Una buena y sólida educación, en fin, habilita para la discusión argumentada, la tolerancia y la participación constructiva en la res pública, a la vez que predispone a escuchar las razones de los que piensan diferente. Si estamos de acuerdo en que el modelo ideal de sociedad es la sociedad abierta, es decir, la que se organiza mediante la regla de la mayoría, la separación de poderes, la independencia de la justicia, el pluralismo y el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles, no cabe duda que ésta es tanto más realizable cuanto más educados sean sus integrantes.
Una colectividad humana cuyos miembros estén equipados con un bagaje intelectual y moral del suficiente alcance y densidad y que, en consecuencia, disfruten de un buen nivel de comodidad y seguridad, es difícil que apoyen a propuestas totalitarias o a utopías delirantes, como estamos viendo con consternación estos días en España. Quizá sea por esto que, a pesar de la retórica reinante al respecto, los políticos no estén verdaderamente interesados en que sus conciudadanos dispongan de la formación que les inmunice frente a sus abusos y martingalas. Yo afirmaba recientemente que una guía útil a la hora de votar es discernir qué candidatos se comprometen en su programa a suprimir gasto superfluo y a aligerar el Estado de ineficiencias y duplicidades. Hoy añado que su compromiso con una educación de calidad es sin duda otra señal inequívoca de que merecen nuestra papeleta.
