Señala la Real Academia Española de la Lengua que corrupto es el que se deja sobornar, pervertir o viciar; y en una segunda acepción, también como adjetivo, algo dañado, perverso o torcido. Sin salir del diccionario académico, conviene al argumento la segunda acepción de la palabra perverso: que altera de manera perjudicial el orden o estado normal de las cosas.
Aplicada la doctrina lingüística, debemos concluir que ninguna duda hay ya a estas alturas de la historia de que el Gobierno de Sánchez es un Gobierno dañado por la corrupción que salpica a su familia, a su partido y al Consejo de Ministros; un Gobierno sustancialmente perverso y torcido que altera gravemente y de manera perjudicial el orden democrático de las cosas.
La corrupción de Sánchez es gangrena que se ha infiltrado en las instituciones, y órganos y organismos del cuerpo administrativo, y que adultera el cuerpo electoral. Ya dijimos hace años que el Gobierno de Sánchez era ilegítimo por cuanto se sustentó y sustenta en la mentira y el engaño al pueblo español. Sirvió la acusación para el Ejecutivo surgido de las elecciones de noviembre de 2019 pero también para el que nace en julio de 2023, pues el presidente juró y perjuró jamás pactar con comunistas, separatistas, golpistas y bilduetarras; juró y perjuró traer, juzgar y exigir responsabilidades a Puigdemont; juró y perjuró jamás indultar ni amnistiar a quienes habían dado el mayor golpe a la unidad de la nación y por ende a la democracia.
El fraude, el engaño y la mentira confirmados después de las elecciones, aunque anunciado por VOX en campaña electoral, pues es ínsito al bipartidismo confundir al votante, dañaron al Gobierno. Pero no llegaron a abrir fuga de agua en el casco. La corrupción económica —y por ello política y moral— del Gobierno, que hemos conocido y denunciado durante años pero que ahora explota con los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es una brecha en la proa insalvable.
La corrupción de Sánchez afecta directamente al sustento democrático de su Gobierno ya que los gravísimos hechos presuntamente delictivos se han producido desde 2018 y se han acelerado en tiempos de cierres, confinamientos y vacunaciones forzosas; sin que el cuerpo electoral conociese las fechorías que ahora la UCO ha plasmado en concienzudos y amplios informes.
Cuando los españoles fuimos llamados a votar en julio de 2023 la práctica totalidad de las fechorías se habían ya cometido, pero no eran conocidas por los españoles. No tengo ninguna duda de que un decisivo porcentaje, incluso del votante socialista, en 2023 hubiera cambiado su voto o se hubiera quedado en casa aquel fatídico 23 de julio de haber conocido las andanzas delincuenciales de esa organización criminal al servicio del «1».
Existe un vicio grave del consentimiento en el cuerpo electoral. Un vicio que invalida absolutamente desde el punto de vista político y que condena a este Gobierno a su colapso y derrumbe.
Un Gobierno corrupto es un Gobierno en ruinas. Vendrán a apuntalarlo periodistas bien pagados, tertulianos de negro postín, políticos separatistas y todos los beneficiarios del fraude electoral. Pero amenaza ruina y los puntales no servirán de nada.
Desde antiguo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo ha sido considerado motivo de nulidad de los contratos. Ya sé que en España no hay tal contrato entre elector y elegido, básicamente porque la casta política está tan acostumbrada a no cumplir sus compromisos que jamás aceptaría las consecuencias de su incumplimiento, pero no por ello deja de ser verdad.
Al depositar la papeleta el elector consiente que tal o cual persona, tal o cual partido, lidere el Gobierno para acometer un programa, unas propuestas, unas promesas o unos compromisos durante un tiempo dado. Ese acto de depositar la papeleta es la expresión chica de la libertad política. Pero ya ven, en la Europa occidental, nos conformamos con poco. Pero como es tan disminuido ese voto como expresión de la voluntad lo mínimo exigible es que el consentimiento no esté viciado.
Para que el error haga nulo el consentimiento se exige que recaiga sobre lo esencial de la decisión o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración; que no sea imputable a quien lo padece; que sea un error excusable, es decir, inevitable, pues aún con la diligencia de un buen padre de familia —o de un ciudadano honrado en este caso— no se hubiese evitado y, finalmente, que haya una relación de causa efecto entre el vicio sufrido y la finalidad de quien expresó su consentimiento.
Todo ello concurre aquí. Un Gobierno corrupto amenaza el orden democrático y el gobierno del pueblo. Ha emponzoñado las instituciones con la cooperación inquebrantable del Partido Popular. Pero la putrefacción del cuerpo corrupto hiede. Es un Gobierno corrupto que apesta, nos atufa a todos y entrará en colapso. Forzoso es derrocarlo.
En la calle, en los juzgados y en las instituciones. Nuestro deber: salir a la calle, actuar en los juzgados y denunciarlo en las instituciones.