El asesinato de una trabajadora social de 35 años en Badajoz me ha hecho recordar el asesino de la ballesta. O, mejor dicho, a su víctima: un profesor de un instituto de Barcelona, el Joan Fuster, en el barrio de Navas. El caso ocurrió el 20 de abril del 2015. O sea que hace ahora casi diez años. Y pone los pelos de punta pensar que el autor del asesinato salió indemne.
La nota de prensa de los Mossos de las doce de la mañana de aquel trágico día explicaba que «habían identificado a un menor de edad en relación con la muerte de un profesor en un instituto de Barcelona». «La agresión —continuaba— se ha producido en el interior del centro sobre las 9:15h cuando el menor presuntamente ha agredido al profesor con un arma blanca». «Durante los hechos, habría herido a otras cuatro personas, dos profesoras y dos alumnos, con heridas de poca gravedad», concluía.
El entonces presidente de la Generalidad, entonces Artur Mas, decretó un día de duelo oficial y suspendió su agenda en señal de duelo. El FC Barcelona aplazó la comida de directivas previa al partido de Champions con el París Saint-Germain. UGT y CCOO expresaron sus condolencias y se sumaron al minuto de silencio convocado en la Plaza de San Jaime como no podía ser de otra manera. Y el CAC —siempre el CAC— dio el pésame a la familia pero se apresuró a recordar a los medios que no podían difundir «el nombre, la imagen ni otros datos que permitan identificar al menor involucrado».
¿Saben qué le pasó al autor de los hechos? Nada, era inimputable. Tenía13 años de edad. La ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores la fijaba a los catorce años El juzgado de instrucción número 24 acabó archivando las diligencias. En un auto el 2 de mayo de aquel año, recordaba que «no cabe exigirle responsabilidad penal alguna».
A estas alturas, una década después, el asesino debe de tener 23 años y probablemente habrá rehecho su vida. A diferencia del profesor, Abel Martínez Oliva. Creo que en la universidad de su ciudad natal acabaron creando una cátedra a su nombre.
La Generalidad acabó pagando una indemnización de 250.000 euros a la familia después de que ésta tuviera que pelearse en los tribunales. Y el Gobierno central le otorgó la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X a título póstumo por haber defendido a sus alumnos del ataque. Magro consuelo. Hoy quiero honrar su memoria.
