Cabría esperar, como principio elemental, que quienes ostentan el poder político lo ejercieran para servir al bien común, esto es, a la prosperidad material y moral de los pueblos. Pero la realidad dista mucho de esta expectativa. Todo Gobierno debe defender la razón y la justicia y, si no lo hace, se aloja «la anarquía en el alcázar del Poder», como dijo Antonio Maura en 1904 en el Congreso. Hoy, más que nunca, se evidencia que nuestras autoridades se han alejado de esos principios esenciales, y el buenismo retórico y sus planes, especialmente en lo que respecta a nuestra industria y el sector primario, amenazan con sumirnos aún más en un abismo de ruina, precariedad y mayor dependencia.
Hace ya demasiado tiempo que en VOX estamos enormemente preocupados por este suicidio colectivo. Vemos como, cada día, se continúa sacrificando a parte de la industria y de la riqueza nacional. Hace años, muchos años, que España carece de un plan industrial que devuelva la vitalidad que un día tuvimos a nuestros pueblos y comarcas. Y esto mismo ya es indigno, reprochable y condenable. Y seguimos con ese rumbo contrario a la razón y a la justicia y que nos lleva al abismo como nación.
La distancia entre las prioridades de los españoles y las de las instituciones, tanto en Madrid como en Bruselas, se ensancha cada día más. Y así se está hundiendo a los agricultores, ganaderos y pescadores. A ellos se les impone cada día una maraña normativa asfixiante, mientras se abren las puertas del mercado europeo a productos importados elaborados sin respeto alguno a los estándares medioambientales, sanitarios o laborales que aquí se exigen con rigor implacable. Es la competencia desleal institucionalizada. Es la injusticia elevada a política pública.
El abandono de explotaciones, la desindustrialización progresiva de las zonas rurales y el exceso de regulación que se vive en el ámbito de la política agroalimentaria, son sólo algunas de las manifestaciones más claras de una desconexión que es tan triste como peligrosa. Es imposible un futuro próspero para los españoles sin reconocer que, para ello, es esencial volver a poner en el centro de la acción política el sector primario, el que siempre nos ha dado sustento, materias primas y empleo.
Los trabajos del sector primario han sido considerados por muchos como rancios e irrelevantes para una nación que se pensó debía apostar por otros sectores. No obstante, las crisis demuestran que, sin una base sólida de producción nacional, nos volvemos más vulnerables. Y es que, en último término, una sociedad que no produce lo que necesita se convierte en esclava de la industria de otros. Y esto es caro e irracional.
El sector primario no sólo tiene que ver con la producción de alimentos o materias primas. Tiene una dimensión importante en el empleo y en la creación de infraestructuras. Por el contrario, las políticas de hoy han abandonado las oportunidades de desarrollo que existen en las zonas rurales y han impulsado el despoblamiento y el abandono de la tierra.
La situación actual de la industria y el sector primario español es una consecuencia directa de la maldad y de la falta de visión de las élites políticas que nos gobiernan. Sus acciones son contrarias a lo que dicen en campaña querer proteger. Y por desgracia siguen en la misma nefasta dirección. Continúan en subordinar todo al ecologismo y a la descarbonización y se olvidan de la rentabilidad de los pequeños agricultores, de aumentar el regadío y el acceso a los recursos hídricos, que, para VOX, en cambio, sí son esenciales.
Las élites políticas han renunciado a gobernar con los pies en la tierra y con la mirada en el interés nacional. Han sustituido el realismo estratégico por el servilismo ideológico. El resultado es una política agrícola entregada al dogma ecologista, que olvida el interés general, sin atender a la realidad económica ni social de quienes producen nuestros alimentos. En nombre de la «transición ecológica», se persigue al ganadero y se regula con asfixia al agricultor.
El discurso institucional sobre el «modelo agroalimentario del futuro» se llena de palabras ampulosas: resiliencia, sostenibilidad, innovación y competitividad. Pero ¿qué significa todo esto para el agricultor de Cuenca, para el ganadero extremeño, para el viticultor de La Rioja? Significa, estrictamente, más cargas y más incertidumbre. Porque mientras las grandes explotaciones, con capacidad financiera, pueden asumir el coste de las nuevas exigencias tecnológicas y ambientales impuestas, el pequeño agricultor (el que mantiene el tejido rural vivo) se ve expulsado de su propia tierra.
Y lo mismo sucede con la competencia desleal. En este ámbito, desde hace décadas se ha adoptado una estrategia mortífera para las explotaciones agroalimentarias españolas, caracterizada por la irracionalidad y la injusticia con los nuestros, y que se ha revelado un despropósito para la industria española. Formalizamos acuerdos comerciales con países como Marruecos, Sudáfrica o con Mercosur, lo que facilita la entrada de productos que compiten deslealmente con los de los agricultores, ganaderos y pescadores españoles. Estos acuerdos promueven la llegada de productos alimentarios sin los mismos estándares en cuanto a calidad, medio ambiente, derechos laborales o criterios fitosanitarios, lo que genera una competencia desigual y perjudica a nuestros productores.
Hablamos de una necesidad estratégica. Si España quiere tener un futuro, debe recuperar su soberanía alimentaria y la capacidad de alimentar a su población con nuestros productos, cultivados en nuestro suelo y por nuestra gente. Lo contrario es más dependencia, inseguridad y la entrega de España a otros intereses que no responden a nuestro bien común.
España necesita un giro en sus prioridades: una apuesta decidida por el campo, por la industria agroalimentaria, por el relevo generacional rural, por la inversión en infraestructuras hídricas, por el acceso a la tierra y al crédito para los pequeños productores. Necesita una nueva política agraria que devuelva el protagonismo a los trabajadores y no al burócrata europeo ni al especulador extranjero de los fondos de inversión.
Hay quienes aún creen que el campo puede salvarse con informes llenos de palabras bonitas. No es así. El campo sólo se salvará si se le devuelve el respeto que merece y si se le reconoce su valor estratégico. Recuperar el campo es recuperar el sentido común. Es entender que los fanatismos ecologistas no pueden imponerse a la justicia y a la razón, y que sin sector primario no hay nación posible.
Por eso decimos, sin ambigüedades, que España debe recuperar su campo. No hay nación sin soberanía. No hay soberanía sin producción. Y no hay producción sin respeto al hombre que trabaja la tierra o pesca en el mar.
