El suum cuique tribuere se ha ido de madre en el «caso Marinescu» y lo terrible, ¿lo antijurídico?, no tendría que reducirse exclusivamente al supuesto ilícito cometido por Marine Le Pen y algunos de sus colaboradores, sino también extenderse a la alegre aplicación de la ley del embudo (principio fundamental en nuestras democracias punitivas) de la que luego derivan consecuencias políticas que deberían alarmar a cualquier persona normalmente constituida.
Vista su particular forma de proceder, es lícito preguntarse si la justicia actúa impulsada por los motivos que le son propios o, por el contrario, es una herramienta al servicio de ciertos intereses políticos. Es decir, si en el caso que nos ocupa, se sirve del delito para desarbolar al único partido que puede hacer frente a una continuación de la catástrofe macronista, aunque, en teoría, ya sin Macron.
El partido de Jean-Luc Mélenchon, LFI (Francia Insumisa), lleva ya varios años en el disparadero por el mismo asunto que ha conducido a Marine Le Pen y sus colaboradores ante la decimoprimera sala del Tribunal Correccional de París. Éste, por cierto, presidido por la singular Bénédicte de Perthuis, ex empleada de Ernst & Young y admiradora de la magistrada ecolo-feminista Eva Joly, una Pasionaria muy rive gauche queaquí sería requerida para dar charlas en algunos colegios mayores católicos. Para los mismos que ayer hablaban horrores de la polarización y hoy matizan sus posturas señalándonos polarizaciones virtuosas, De Perthuis sería un personaje correctamente polarizado.
Dicho lo anterior, no parece que haya mucha prisa por sentar a Mélenchon en el banquillo. Su inhabilitación, en caso de producirse, no sería la de un candidato que los sondeos apuntan como ganador de las próximas elecciones presidenciales francesas. Su cancelación de la vida política no tendría jamás el mismo valor simbólico que el de impedir al apellido Le Pen el acceso al Elíseo.
Sin embargo, más sangrante que la parsimonia con que la vía jurisdiccional ataca el expediente de La Francia Insumisa, es el caso de François Bayrou y el MoDem (Movimiento Demócrata). Por los mismos hechos imputados a Marine Le Pen, el actual Primer Ministro se fue de rositas en febrero de 2024. El Tribunal Correccional no vio suficientemente probada su responsabilidad directa en la creación de un entramado malversador que utilizaría fondos de la UE para financiar el partido que preside. Allí donde Marine es el cerebro de una organización criminal que, como evoca la sentencia, tiene una visión cínica de la UE (lo que le da un plus de culpabilidad), Bayrou era un pobre ignorante que desconocía dónde acababa el dinero de Bruselas.
Estos días algunos pretenden comparar lo incomparable. El llamado «caso de los asistentes parlamentarios» no tiene nada que ver con la corrupción de Chirac ni tampoco con la financiación libia del partido de Sarkozy. No hablamos de maletines llenos de billetes procedentes de satrapías orientales, sino de dinero europeo destinado a financiar el RN que acaba siendo utilizado dentro del propio RN.
Si queremos buscar algún tipo de paralelismo delictual, lo más cercano al caso de los asistentes sería el llamado «Penelopegate». François Fillon, candidato que las encuestas intuían como Presidente de la República en 2017, destruyó su carrera política al contratar como asesores a su mujer e hijos. Aunque quizá la comparación no tenga tanto que ver con la naturaleza jurídica del escándalo (tras el cual se premió a los jueces implicados con la promoción) como con sus efectos, que despejaron la vía a Macron. Y ese es el punto clave de la condena que acabamos de conocer contra Marine Le Pen. Empieza a ser una costumbre que cada vez que Macron, o su continuidad, está en apuros, la Justicia aparezca como un Deus ex machina.
Más allá del agravio comparativo con el ya comentado caso Bayrou, la sentencia del Tribunal Correccional también tiene lo suyo. Que el fallo sea un calco del escrito de acusación del ministerio fiscal, que no se haya respetado el principio de prescripción o que la inhabilitación se fundamente en los supuestos problemas del orden público que se producirían si la candidata ganara las elecciones (viejo pretexto del que pretendía servirse el Partido Socialista en 2017 para impedir el cambio político), son cuestiones que han llamado la atención de los expertos.
Después de conocerse el contenido de la sentencia, el efecto galo «refractario» no se ha hecho esperar: el RN aparece como favorito en todos los sondeos. Quizá nuestros vecinos, que han vivido los cuarenta años de persecución al que ha sido sometido el partido, no vean en la condena la mera intención de hacer justicia. Quizá, de existir una estrategia política penalizadora, la de privar a millones de electores de sus candidatos, no está funcionando. El ejemplo de Francia se suma a otros acontecimientos recientes que ponen en evidencia el déficit democrático que sufrimos en Europa. Y que no es ninguna novedad.
