Los vertidos contaminantes y los desastres ecológicos se han convertido en fenómenos recurrentes en la Bahía de Algeciras. Todos los años se producen incidentes de mayor o menor calado. En nuestra memoria resuenan nombres de barcos como New Flame, Samothraki, Fedra, Odyssey… todos ellos tristes protagonistas de la particular crónica negra del Estrecho.
A finales de agosto, un barco metanero Adam LG chocó con el buque OS35 en aguas del Estrecho de Gibraltar provocando un nuevo vertido en una zona declarada por la UE como Lugar de Interés Ecológico y enclave marino de especial protección «Estrecho oriental». La gestión de este espacio de alta biodiversidad es en teoría competencia española, aunque en la práctica nuestro país, incomprensiblemente timorato ante una eventual reacción británica, nunca ha asumido su responsabilidad.
La consecuencia de que España haya cedido de facto su soberanía sobre las aguas del Estrecho es un tráfico marítimo caótico
El barco sigue encallado frente a la Línea de la Concepción, sin información precisa y transparente del estado actual de la carga del barco y con el anuncio de un nuevo protocolo de actuación. Las previsiones más optimistas apuntan a una retirada definitiva del barco en mayo de 2023 y los vecinos de la zona se organizan como pueden para exigir, una vez más, responsabilidades.
Ante tanto despropósito, urge iniciar una investigación independiente para identificar los responsables y las continuas malas prácticas en la gestión de las aguas del Estrecho de Gibraltar. Los diferentes gobiernos de España han asumido, sin necesidad de ningún tipo de sumisión química o compensación pecuniaria, que la zona se haya convertido de facto en… ¡una gasolinera de bajo coste en territorio español!
No se trata de una cuestión simbólica o marginal. La consecuencia de que España haya cedido de facto su soberanía sobre las aguas del Estrecho es un tráfico marítimo caótico, mal organizado y peligroso que propicia accidentes recurrentes en aguas españolas, pero «gestionadas» por las ilegítimas autoridades del Peñón.
El comisario europeo de Medio Ambiente y Pesca, Virginijus Sinkevicius, me ha dirigido una extensa carta donde apunta, sin la habitual ambigüedad de las altas esferas comunitarias, a la responsabilidad y competencias del Gobierno de España.
La inacción de España y la absurda dejación de competencias para no soliviantar al sátrapa gibraltareño y a su secular patrón se sigue cobrando víctimas. El daño continuado al ecosistema marino de la zona está generando una frustración creciente en unos atónitos ciudadanos que observan con tristeza y desencanto como el presidente Sánchez afronta la situación con la misma actitud pasiva que un jubilado observando las obras de su barrio o la playa de Benidorm en enero.
Tanto postureo verde -climático- sostenible y a la hora de verdad este Gobierno eco-progresista se lava las manos (…) ante un daño ecológico y económico irreparable
La Comisión no oculta que, a pesar de la soberanía española de las aguas que rodean el Peñón, las autoridades españolas no han ejercido eficazmente sus competencias en la gestión del tráfico marítimo omitiendo su responsabilidad en la preservación del medio marino. «Corresponde a las autoridades nacionales cumplir con las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitats», señala el comisario, reclamando a su vez al Gobierno de España que fije una estrategia eficaz «para abordar la contaminación de sus aguas marinas por hidrocarburos».
Tanto postureo verde -climático- sostenible y a la hora de verdad este Gobierno eco-progresista se lava las manos, entre vertido y vertido, ante un daño ecológico y económico irreparable.
