El pasado domingo 16 de mayo quedaron electos en Chile, los 155 representantes de la Convención Constituyente que tendrá la misión de redactar una nueva Constitución. Luego de conocerse los resultados, que favorecieron ampliamente a la izquierda, Nicolás Maduro, Evo Morales y Gustavo Petro, manifestaron su satisfacción por el triunfo del socialismo.
Al día siguiente, el Foro de Sao Paulo hizo público un comunicado a través de su página electrónica, en el cual celebró “la victoria de las fuerzas populares políticas y sociales antineoliberales en las elecciones chilenas realizadas este fin de semana para la nueva Asamblea Constituyente, resultado de las manifestaciones populares del 2019, cuando el pueblo chileno ocupó las calles del país por los derechos sociales, más dignidad y justicia social”.
La referencia a las protestas de 2019 es la clave para entender la nota del Foro, ya que las mismas sirvieron como precursoras de lo ocurrido este domingo.
En efecto, en octubre y noviembre de aquel año, durante las manifestaciones vandálicas que se realizaron consecutivamente en Ecuador, Chile y Colombia, el comportamiento de los sectores izquierdistas fue idéntico: acusar a los presidentes Lenin Moreno, Sebastián Piñera e Iván Duque, de ultraderechistas y violadores de derechos humanos con el fin de impedir que éstos usaran la fuerza pública para ponerle coto a la guerrilla urbana. Así lo expresaron: “Las manifestaciones están bajo fuerte represión por parte del gobierno neoliberal de Sebastián Piñera, quien ha utilizado las Fuerzas Armadas en las calles contra la población por primera vez desde la redemocratización del país en 1990. La prescripción neoliberal adoptada por el gobierno Piñera, y anteriormente implementada por la dictadura de Pinochet, simbolizada por el pensamiento de la Escuela de Chicago, está demostrando sus resultados negativos”.
Ese mismo día, octubre 21 de 2019, el propio Nicolás Maduro comparó a Piñera con Pinochet, y se atrevió a denunciar que el gobierno chileno hizo “uso excesivo de la fuerza”, a pesar de que él, Maduro, fue acusado por 6 naciones ante la Corte Penal Internacional por cometer delitos de lesa humanidad.
Centenares de artículos, comunicados y declaraciones se publicaron con el mismo tenor. La amenaza fue clara: si Piñera o los militares reprimen el vandalismo, recibirán el mismo trato que Pinochet en el futuro, serán perseguidos y enjuiciados sin importar dónde se encuentren y cuánto tiempo haya pasado. Colegimos entonces, que Piñera prefirió ceder y negociar con los violentos, antes que arriesgarse a ser enjuiciado en el futuro por presunta violación a los derechos humanos.
Así que, una vez doblegada la voluntad política del gobierno chileno, los capos socialistas lograron –mediante la amenaza de incendiar de nuevo a Chile si no se les complacía– imponer su exigencia de redactar una nueva Constitución, de corte socialista. Desde entonces, ninguna elección que se lleve a cabo en ese país es verdaderamente libre, puesto que los ciudadanos están bajo el efecto de un chantaje.
De esta manera, el proceso que se experimentó en Chile desde finales de 2019 hasta la fecha, se convirtió en un nuevo método regional para acceder al poder. Primero se “ablanda” a las instituciones y a los ciudadanos mediante protestas vandálicas y luego se toma el control del país por la vía electoral.
Este mismo método es el que se aplica actualmente en Colombia. La edición número 2035 de la revista SEMANA del pasado 16 de mayo ofrece abundante información sobre el papel de las FARC, el ELN y otros grupos terroristas, en la toma violenta de la ciudad de Cali. En la misma edición de SEMANA, se revela la existencia de un informe de inteligencia, elaborado hace dos años, que advertía sobre los planes de la izquierda para incendiar la capital de Valle del Cauca, como en efecto ocurrió.
El verdadero objetivo de estas manifestaciones no es protestar en contra de la reforma tributaria promovida por el gobierno de Iván Duque, puesto que ésta fue retirada, sino debilitar las instituciones y la voluntad de lucha de los colombianos –tal como se hizo en Chile– para acceder al Palacio de Nariño por medio de las elecciones presidenciales de mayo de 2022.
El antídoto contra este nuevo método desarrollado por el Foro de Sao Paulo consiste en no dejarse manipular por las falsas acusaciones que hacen los marxistas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando los cuerpos de seguridad defienden a los ciudadanos y a los bienes públicos y privados de los ataques vandálicos de la izquierda.
Las instituciones no deben temer en hacer uso de la fuerza contemplada en la Constitución contra quienes asesinan, incendian y bloquean el libre tránsito; porque una cosa es la protesta pacífica y otra muy distinta el vandalismo y la violencia. En este sentido, saludamos la decisión del presidente Duque de ordenar a las Fuerzas Armadas y a la Policía poner fin a los bloqueos en Colombia.
Esperamos que la medida de Duque no haya sido tomada demasiado tarde.
