Socialistas y —de su mano— populares llevan décadas empeñados en desmontar el supuesto mito de que la Constitución española de 1978 no sólo tuvo «padres» sino también «madres»: las casi dos que han transcurrido desde que en 2006 el Congreso presidido por Manuel Marín y el Ministerio de la Presidencia encabezado por Teresa Fernández de la Vega publicaran la obra colectiva Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente, y 2024, cuando bajo la también socialista Francina Armengol —y con la dócil aquiescencia del Partido Popular— la cámara baja acordara merced a una Proposición no de Ley «difundir la historia y el legado de las mujeres constituyentes en los ámbitos político, educativo y cultural», «publicar libros y material pedagógico», «lanzar una campaña institucional», «crear un archivo digital con un fondo documental» y «organizar una exposición itinerante que recorra diferentes ciudades de España». Loable empeño que sin embargo podría ser obviado con el simple expediente de atenerse a lo que la propia Constitución afirma en su artículo primero —que «la soberanía nacional reside en el pueblo español»—, y a partir de ello concluir que los verdaderos progenitores de nuestra Carta Magna no fueron tanto los 350 diputados y los 247 senadores (570 hombres y 27 mujeres) que la debatieron, sino los quince millones largos de ciudadanos (mitad hombres, mitad mujeres) que la votaron en la histórica jornada del 6 de diciembre.
A simple vista, este empeño no sería sino un ejemplo más de la apuesta del Partido Socialista y la condescendencia del Popular por la reescritura de la Historia reciente de nuestro país, en concurso ideal con su también característica reivindicación de la agenda feminista: rememorando el legado de las mujeres que participaron en la forja de nuestra Constitución estaríamos a la vez recordando el decisivo papel del feminismo en la transformación política de España y reivindicando la herencia del antifranquismo en los difíciles años de la transición. Sólo que un análisis más detallado y una valoración más reflexiva de la trayectoria vital de «las constituyentes» antes, durante y después de aquellos decisivos años obliga a concluir que en este empeño de unos y de otros el remordimiento tal vez debiera pesar tanto o más que la memoria.
¿Antes? Como ya se ha apuntado, las mujeres constituyentes ocuparon apenas 27 de los casi 600 escaños elegidos en junio de 1977: un mero 4,5% del total, a años luz del 44/43% que a día de hoy ocupan en el Congreso y el Senado. Por descontado, la réplica más socorrida a ese dato sería la de achacar sus causas al papel secundario que la mujer ejerció en la vida política durante el franquismo. Pero eso sería tanto como obviar que con un sistema proporcional y de listas bloqueadas y cerradas, los ciudadanos no pudieron elegir como parlamentarios sino a quienes los partidos les quisieron ofrecer como candidatos, y que —con la sola excepción del PCE— las cifras de mujeres candidatas y de mujeres electas brindadas tanto por los partidos continuistas (AP y UCD) como por los rupturistas (el PSOE y las formaciones nacionalistas) fueron escandalosamente bajas: un 6,2% en el caso de AP, un 3,2% en el de la UCD, un 5,9% en el del PSOE, y un rotundo cero en el caso de los nacionalistas tanto catalanes como vascos.
¿Durante? El Diario de Sesiones, en el que se recogen palabra por palabra todas y cada una de las intervenciones verificadas en una y otra cámara durante el debate constituyentes, es inapelable: el papel de las mujeres diputadas y senadoras durante los debates constituyentes fue absolutamente marginal; casi insignificante. No es sólo que ninguna de ellas formara parte de la Ponencia, y sólo una de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas que creó el armazón de lo que acabaría siendo la Constitución española de 1978: es que la inmensa mayoria de ellas no llegaron a intervenir ni una sola vez en los debates verificados en las cámaras. En el caso puntual de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, porque una afección cardiaca la apartó del hemiciclo hasta el día de la votación final del proyecto, pero en los restantes por la sencilla razón de que sus respectivos partidos prefirieron —por las razones que fuera— confiar su portavocía a otras personas. En el colmo de la paradoja, cabría incluso sostener que la parlamentaria más activa en todo el debate constituyente no perteneció a ninguno de los partidos que hoy reivindican su legado: me refiero a la senadora por designación real Belén Landáburu, única entre las mujeres constituyentes dotada de una amplia experiencia institucional —había sido procuradora en las Cortes franquistas y Consejera Nacional del Movimiento— y de una también dilatada trayectoria de defensa de los derechos de la mujer en la vida pública.
¿Y después? De nuevo, los datos son concluyentes. Finalizada la legislatura constituyente, diez de estas 27 mujeres (un 37%) nunca volvieron a sentarse en un escaño, y otras ocho apenas lo hicieron durante una legislatura más: en otras palabras, las dos terceras partes de las constituyentes no llegaron a estar en la vida política española más allá de un lustro. De hecho, de las 27 apenas tres o cuatro podría decirse que acabaron teniendo una trayectoria política lo suficientemente significativa como para que décadas mas tarde sus nombres nos resulten familiares: la senadora por designación real Gloria Begué, magistrada del Tribunal Constitucional; la diputada popular Soledad Becerril, más tarde alcaldesa de Sevilla; las diputadas socialistas García Bloise y Ruiz Tagle… y no mucho más.
En suma, afanándose en destruir un mito, el de que la Constitución sólo tuvo «padres», socialistas y populares han acabado embarcándose en la construcción de otro, el de las «mujeres constituyentes», que a nada que sea puesto bajo la lupa de la Historia acabará revelando la incómoda verdad de que si éstas necesitan ser recordadas es porque aquellos mismos las silenciaron.
