La democracia es una cosa curiosa, paradójica. Como idea, consiste en que es la gente común la que manda, la que decide sobre su destino colectivo, siquiera a través de representantes elegidos por la mayoría. Como sistema, es algo obligado hoy para cualquier país. No ser una democracia es, sino motivo único para ser objeto de una intervención militar, sí una de las excusas frecuentemente esgrimidas por el invasor. En Europa hoy no existe ningún otro régimen imaginable.
Y, sin embargo. Sin embargo el asunto que más importa a los occidentales es la inmigración masiva y, casualmente, la postura radicalmente restrictiva es abrumadoramente mayoritaria en todos los países y aplicada sólo en uno o dos. En esto, la democracia parece no funcionar, o no importar en absoluto.
La deportación de quienes están ilegalmente en nuestros países es una medida, además de razonable (cumplir la ley), muy popular en el común. Pero su aplicación real y efectiva requiere una inversión de capital político sostenida en el tiempo para la que, me temo, nuestras sociedades no están psicológicamente preparadas.
La tragedia de la escena política contemporánea es que la izquierda tiene voluntad política, y la derecha, no. La izquierda no duda ni vacila en aprobar todas las medidas que considera convenientes; la derecha se arruga ante la idea de cambiar un reglamento.
En el estado norteamericano de Minnesota, la policía de inmigración, ICE, ha matado a un amotinado progresista que se oponía físicamente a la acción de los agentes. Es la tercera víctima mortal desde que empezó la campaña de deportación de ilegales en el estado.
Lo alarmante es que las autoridades del estado, desde el gobernador hasta el alcalde de la ciudad más importante, Mineápolis, no sólo alientan abiertamente a los ciudadanos a frustrar la acción de los agentes del ICE en la calle, sino que incluso prohíben a la policía local que colabora con las fuerzas federales e incluso no descarta desplegar la Guardia Nacional del estado para enfrentarla al ICE. Es exactamente así como empieza una guerra civil.
Trump ha amenazado a los de Minnesota con invocar la Ley de Insurrección y militarizar el estado. Sin embargo, no lo ha hecho y es muy improbable que dé ese paso trascendental. Las legislativas de medio mandato son este año, y las imágenes de una gran ciudad, no digamos todo un estado, sometido a un estado de excepción quizá no sean el mejor cartel electoral en un país convencido de ser el faro de la democracia en el planeta. Esas cosas son propias de otros países, no del suyo. Eso, sin contar con que las probabilidades de que se produzcan nuevas muertes de aquí a noviembre son abrumadoras.
Pero la alternativa es aún peor. Dejar las cosas como están no hará más que envalentonar a los demócratas insurrectos, convirtiendo en endémica la obstrucción a los agentes de la ley y consagrando la estampa de un gobierno federal como violenta fuerza invasora.
Retirarse es rendirse; cancelar la operación sería sangre en el agua para los demócratas. Sería la señal de que la gran promesa electoral de Trump es incumplible, y ningún sucesor del presidente, por muy MAGA que se pretenda, se atreverá a intentarlo de nuevo.
Y esta es la lección que deben extraer los hipotéticos gobiernos soberanistas europeos: si de verdad quieren la deportación de ilegales, necesitarán una fuerza de voluntad política titánica, constante en la aplicación de una medida que, por popular que resulte en su inicio, sin duda enfrentará una resistencia formidable desde todos los ángulos que planteará la tentación de flaquear y dejar las cosas como están, con débiles cambios cosméticos.
