Una vez repuesto de los achuchones y arrumacos dados por Yolanda Díaz, ese representante del supremacismo hispanófobo apellidado Puigdemont, hoy convertido en una suerte de hombre de Estado, de estado plurinacional y asimétrico, se entiende, ha manifestado que «España está podrida en sus cimientos y las órdenes del rey de ir a por todos nosotros siguen intactas». Habitual denigrador de la nación que le otorga derechos, Puigdemont se desahogó de este modo tras conocer la condena impuesta por la Audiencia de Barcelona al exconsejero de Interior, Miquel Buch, y al mozo de escuadra Lluís Escolá por darle escolta en el extranjero tras la tibia aplicación del artículo 155. A pesar de la distancia que me separa de este sujeto, no seré yo quien contradiga al golpista huido de la justica española, una justicia que, entendemos, también estaría podrida, pero que es la que se ocupará, vía Tribunal Constitucional, de dar el nihil obstat a una ley de amnistía hecha a medida de las bandas facciosas a las que él mismo pertenece. Aprobada una ley para la que se buscan eufemismos tales como ese «alivio penal» que recuerda al alivio de luto tan usado en tiempos de la mitificada Transición, todo lo que se deje atrás será podredumbre, tiranía, arbitrariedad. España será, por decirlo a la manera clásica, una nueva Persia incapaz de levantar su bota sobre brillantes naciones que anhelan liberarse en esa misma Europa que se desentiende del lento proceso de balcanización impulsado desde aquellos transicionales días.
Del mismo modo que ocurriera con la implantación de la ideología y leyes vinculadas a la mal llamada memoria histórica, ampliada en el tiempo bajo la fórmula democrática, la amnistía que se cocina discretamente supone una suerte de estiramiento de la que se aprobó en 1977. Si aquella ley pretendía poner punto y final a un tiempo pasado del que el nuevo régimen era una transformación interna operada en un contexto de grandes bloques geopolíticos, la actual ensombrece cuatro décadas más.
Cabe, por ello, y puesto que aquel tránsito se hizo «de la ley a la ley», cuestionarse la utilidad de aquella ley preconstitucional. Sobre todo, tras conocerse que el etarra José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, ha confesado, ante la follonera mirada de Évole, que en 1976 participó en el asesinato Víctor Legorburu, alcalde de Galdácano, crimen que añade una nueva muesca en la culata de su pistola, del que nunca fue procesado y que, en cualquier caso, fue sobreseído gracias a los beneficios de la amnesia de 1977.
Al hilo de esta criminal información, es oportuno recordar que Josu Ternera, orgulloso miembro de ETA, participó en las negociaciones de la banda terrorista con el Gobierno de la nación y se desempeñó como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara vasca. Los méritos para alcanzar tan distinguida posición fueron el relevante papel jugado en ETA, organización que no atentó contra el franquismo, sino contra la propia integridad de la nación española, idéntico objetivo que el perseguido por Puigdemont. Por todo ello, de otorgarse una amnistía para los delitos del golpismo catalanista, no puedo menos que —contraria sunt circa eadem— suscribir el diagnóstico emitido por el escapista de Amer.
