España debía de ser un Estado de Derecho, pero, en realidad, es un Estado de Capricho. Esto es, un país donde las decisiones que afectan a lo más sagrado de los ciudadanos, su salud, su seguridad y su vida, se toman de manera arbitraria y sin más lógica que el capricho de sus gobernantes. Ahora Pedro Sánchez y su rémora, Pablo Iglesias. El gobierno social-comunista acaba de anunciar un estado de alarma con una duración de seis meses. El discutido y discutible “líder” de la oposición, Pablo Casado ha dicho que no, que de dos. E Inés Arrimadas, al frente de su minúscula formación muleta, dice que medio año es exagerado. ¿Pero qué tienen de exagerado seis, dos o lo que sea? ¿Por qué seis meses? Por ninguna razón que tenga que ver con la salud de los españoles. Seis, dos o los meses que sean sólo responden a urgencias políticas y no tienen fundamento científico alguno. Respecto al virus, es puro capricho. Mejor demostración que el regateo entre Sánchez y Casado, que si seis, que si dos, que si cuatro. Los españoles les damos igual. Sus decisiones poco tienen que ver con nuestra salud y nuestro futuro. Sólo con el disfrute de sus comodidades y privilegios.
Nuestros insignes lideres nos han engatusado con la posibilidad de una vacuna rápida. Se nos promete una quimera para que aceptemos todas las restricciones que se les van ocurriendo en un sinsentido tras otro
Es triste tener que recordarlo una vez más, pero es necesario: con una pandemia solo se acaba de dos formas: con una vacuna segura, eficaz y de alcance casi universal; o mediante la famosa “inmunidad de rebaño”. Salvo una combinación de las dos, no hay más tu tía. Y quien diga que mediante medidas que limitan temporalmente la transmisión, como el confinamiento, se vence al virus, o miente descaradamente o es un ignorante. Sánchez ya nos dijo con una amplia sonrisa el pasado 10 de junio “hemos vencido al virus” y ya vemos de qué victoria se trataba. Las medidas orientadas a frenar los contactos sólo funcionan -y teniendo suerte- para distribuir temporalmente el número de contagios y evitar el colapso súbito del sistema sanitario. Retrasar, diferir, como el sueldo del PP a Bárcenas, pero no doblegar y vencer. El virus está entre nosotros y no se va a ir.
Nuestros insignes lideres nos han engatusado con la posibilidad de una vacuna rápida. Se nos promete una quimera para que aceptemos todas las restricciones que se les van ocurriendo en un sinsentido tras otro. Deliberaciones que más parecen salir de una tertulia en un bar que de un consejo de gobierno. ¿Y si, a pesar de todos los esfuerzos científicos, no hay vacuna? Es más, pueden pasar dos años, al menos, hasta que haya dosis suficientes para inmunizar al 70% de la población. ¿Nos van a tener en un confinamiento interruptus hasta finales del 2023? Hasta Venezuela estaría mejor que nosotros que, pobres, no dependemos del petróleo sino del turismo internacional.
Tenemos que aprender a convivir con el virus. Plantearse acabar con él es suicida. Máxime cuando, como en España, ni el gobierno ni las autonomías cuentan con un plan para hacerlo
En 1966, el doctor británico Thomas McKeown analizó el impacto de las vacunas en los casos del sarampión, la fiebre escarlata, la tuberculosis y el tifus, entre otras enfermedades contagiosas para valorar su eficacia a la hora de acabar con las epidemias asociadas a ellas. Su conclusión no puede ser más desalentadora: en todos los casos, la vacuna llegó cuando ya el virus estaba en la parte descendente baja de la curva de trasmisión. Dicho con otras palabras: la medicina jugó un papel secundario a la hora de acabar con una pandemia. Aunque, desde luego, cabe atribuirle el valor, nada desdeñable, de prevenir casos futuros. Y sólo por eso, las vacunas son un desarrollo obligatorio. Yo, desde luego, no veo el momento en que me llegue mi dosis, quede claro.
Ahora bien, si el virus no se va a desaparecer y no va a haber vacuna para frenar la pandemia, ¿sólo cabe resignarse a quedar confinados cuando las autoridades nos lo impongan? No. En fondo y forma. En forma, porque lo que tenemos son decisiones totalitarias que cercenan nuestros derechos básicos y que se argumentan sin respeto a la ley. A la izquierda las leyes les da igual porque ellos quieren el Estado para ponerlo a su servicio exclusivo; pero que a los gobiernos que no son de izquierdas y a la oposición en el Congreso, también les de igual, ya es más grave. En realidad, no necesitamos más marcos legales, si acaso menos. Lo que es urgente es que el gobierno central y los autonómicos se dediquen a prepararse para una larga travesía de contagios. ¿Alguien está pensando en que el mercado de jeringuillas para inyectar la futura vacuna va a ser igual de disputado que el de las mascarillas, Epis y respiradores? ¿Quién está haciéndose con una reserva estratégica de todos estos productos? O como ya no se dan pelotazos que favorezcan a familiares y amigos, nos olvidamos del tema…
Tenemos que aprender a convivir con el virus. Plantearse acabar con él es suicida. Máxime cuando, como en España, ni el gobierno ni las autonomías cuentan con un plan para hacerlo. ¿Para qué sirven los PCR actualmente? Para que los medios de comunicación nos machaquen a todas horas con el creciente número de contagiados. La paradoja es que, sin vacuna, la única forma de acabar con el virus es aumentado la proporción de población contagiada y, por lo tanto, ya inmune. Trágico, pero real. Todo lo demás que le digan, es mentira. Piadosa o malvada. Puede elegir.