La reciente condena a 24 años de cárcel impuesta al ex ministro José Luis Ábalos ha suscitado reacciones muy diversas entre «el equipo médico habitual» de las tertulias televisivas y las tribunas periodísticas. Unos creen que se trata de una condena ejemplar, la más grave impuesta nunca a un ministro en la democracia que nos hemos dado, y que tendrá un efecto reparador en la política española para que «no se vuelva a repetir» algo parecido. Otros, en cambio, consideran que Ábalos ha recibido un castigo excesivo, y que no es lógico que un delito relacionado con la corrupción reciba una condena más alta que, por ejemplo, una violación o un abuso sexual grave. Por semejantes andurriales discurren esos cerebros.
Sin embargo, hay una reflexión que no recuerdo haber leído aún desde que salieron a la luz los casos Plus Ultra, «mascarillas», etc., todos relacionados con lo que el Gobierno socialista perpetró contra el pueblo español en los años 2020 y siguientes, mientras lo metía en sus casas bajo amenaza de severas multas. Y es la reflexión acerca de la conducta moral no solamente de Ábalos, Koldo, Zapatero y sus adláteres, sino en realidad de todos los que participaron directa o indirectamente en ese expolio generalizado, en esa trama corrupta organizada desde el poder para saquear al pueblo español, desvalijado a punta de pistola mientras sufría el secuestro más ignominioso de su historia. Con el Parlamento cerrado de manera ilegal y las familias enterrando a sus muertos de tapadillo, sin poderles dar ni un beso de despedida.
Que un sujeto como Ábalos, lo más parecido a Torrente que ha dado la política española en el último siglo, saliese a pasar las noches con señoritas de compañía pagadas con dinero público, sabiendo que miles de familias estaban sufriendo los efectos de una pandemia mundial, no es algo que se pueda sustanciar solamente con una condena judicial de 24 años por corrupción. La magnitud de la inmoralidad exige una reflexión más amplia; una reflexión acerca de cómo llegan a los partidos políticos sus dirigentes, sobre quién y cómo los elige, sobre los méritos que reúnen para acceder a esos puestos. Exige que la sociedad se haga preguntas que van más allá del oportunismo político y los réditos electorales.
Lo mismo y más podríamos decir de Zapatero, con un agravante añadido: que al menos Ábalos siempre tuvo aspecto de lo que era. Pero el ex presidente del Gobierno se vendía a sí mismo como el colmo de los valores democráticos y de la ética llevada a la vida pública. Un dirigente que se ha pasado varios lustros dando lecciones de moral a todos los que no pensasen como él, a pesar de haber llegado a La Moncloa como todos sabemos que llegó. Pero su verborrea facilona llena de topicazos infumables se volvió contra él cuando vimos los collares y pendientes, propios de la reina Elizabeth, que guardaba en su caja fuerte, o la mina de oro que le adjudicaron al otro lado del charco sus amigos del régimen chavista. El filósofo de la nada tenía más apego al vil metal del que nunca pudieron imaginar sus votantes, según parece.
Lo que caracteriza las democracias liberales de Occidente es que se basan en una cierta «confianza ciega» en la honradez de sus dirigentes. Sin ella, sería prácticamente imposible hacer nada constructivo con el dinero público. Pero necesariamente, eso debe ir acompañado por medidas concretas y efectivas que garanticen que no pueda llegar «cualquiera» a un partido político, sino que sólo algunas personas merezcan gozar de esa confianza general. Mientras los partidos sean la única puerta de acceso de los políticos a las instituciones públicas, la exigencia de ejemplaridad en ellos es totalmente obligatoria; y la prueba de ello es que cuando no se toman esas medidas, el resultado es una catarata de sentencias judiciales como la que ha recibido Ábalos o como la que le espera a Zapatero.
Es necesario que la ciudadanía entienda que ser un golfo no merece la pena, te pillen o no te pillen. Seas condenado o no lo seas. Hacer negocios ilícitos, defraudar groseramente al fisco, favorecer el narcotráfico con el silencio cómplice, firmar desarrollos urbanísticos a cambio de grandes sumas de dinero negro, o acostarse con meretrices para luego enchufarlas en altos puestos de responsabilidad son comportamientos tan repugnantes e inmorales que quienes los protagonizan no merecen vivir en otro sitio que entre rejas. Ojalá lo entiendan las nuevas generaciones para que no repitan los errores de sus mayores; que nunca más pueda la gentuza más infecta llegar a pisar un ministerio.
