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Las impresentables declaraciones del ministro principal de Gibraltar, no son más que una muestra del peligro que corre la comunidad internacional cuando a una persona sin preparación se le conceden poderes casi de presidente de Gobierno. Eso es lo que está sucediendo con Gibraltar, un municipio que debería tener un alcalde, pero que tiene ínfulas de Estado. Sus últimas declaraciones con respecto a que “he comentado que más activos de la Royal Navy estén a disposición del comandante de las Fuerzas Británicas en Gibraltar”, reflejan sus aires de grandeza.
La propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha calificado de “muy graves” las recientes declaraciones del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, cuando advirtió a la Guardia Civil de que sus patrulleras pueden sufrir disparos si entran sin avisar en las aguas que rodean el Peñón, incluso cuando persigan a una embarcación que esté haciendo algo contrario al derecho internacional, ya que, según argumenta el dirigente gibraltareño, las fuerzas británicas podrían confundirles “con terroristas”. Declaraciones que reflejan cierto nerviosismo, confusión y aires de piratería chulesca.
Así, y al estar caldeando el ambiente entre dos cuerpos policiales que, aunque sean de distintos países, lo que tenían que hacer es coordinarse entre ellos y elaborar un protocolo de actuación para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y otros delitos en beneficio de la ciudadanía, Picardo está consiguiendo precisamente todo lo contrario. Incluso que exista el riesgo que uno de esos días de persecuciones y amenazas, alguien se ponga nervioso y ocurra una desgracia. Porque Picardo y sus protectores británicos están, literalmente, jugando con fuego. Esas declaraciones de que “la Policía de Gibraltar o la Royal Navy se van a liar a tiros” podrían ser, incluso, delictivas.
España sigue con la presión sobre el Peñón, que es lo que tiene que hacer. Una vez iniciada esta política sobre la Roca antes del verano, rebajar la presión sería igual a claudicar. Y eso es precisamente lo que está poniendo nervioso a Picardo, que España no rebaja la presión, y que el chollo de ser gibraltareño, con la economía sumergida e ilegal que mueve, podría correr seriamente peligro.
Un gibraltareño es, en definitiva, una persona residente ficticiamente en Gibraltar donde tiene sus negocios –legales e ilegales–, que vive en Sotogrande y alrededores, con apellido español pero con pasaporte inglés. Una infamia, en definitiva, en pleno siglo XXI, cuando dos naciones como España y Reino Unido son socios, miembros de los distintos organismos internacionales y hasta comparten una misma ministra de Exteriores de Europa.
