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El presidente de la Generalidad valenciana, Alberto Fabra, pidió ayer ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un cambio urgente en el sistema de financiación autonómica hacia un sistema más justo que no discrimine a unas comunidades sobre otras. Fabra se suma así a otros barones del PP que, como el madrileño Ignacio González, ven como una prioridad una reforma del modelo orientada a que se garanticen los derechos de los ciudadanos para que éstos sean los mismos en cualquier punto de la geografía, se hagan de la misma manera y el nivel de prestación de los servicios sea de la misma calidad.
La petición es aparentemente razonable, como lo era la realizada hace escasa fechas por González, quien tildó de injusto que la Administración regional madrileña sólo perciba del sistema de financiación autonómica el 17% de lo que se recauda en Madrid, mientras la Generalidad percibe el 60% de lo que se recauda en Cataluña. Curiosamente, a pesar de tan magras diferencias, los gobernantes catalanes no se cansan de pregonar que Cataluña está muy maltratada por el sistema de financiación autonómico. Una enorme falacia, porque si la Generalidad gasta casi 4.000 euros por catalán, frente a los 2.635 euros por madrileño que gasta la Administración González, sin que eso se traduzca en un mejor servicio sanitario o educativo, no es por culpa de Madrid ni de España, sino de la despilfarradora y corrupta clase gobernante catalana, que prefiere sacrificar el bienestar social en el altar de su demencial proyecto independentista.
El problema es complejo porque sistema de financiación autonómica es un arcano de difícil manejo, plagado de conceptos oscuros y complejo de gestionar, que conduce a resultados desiguales en lo que atañe a la financiación por habitante que recibe cada una de las CC AA. Pero es que, además, habría que preguntarse en qué medida esa desigualdad es atribuible al sistema de financiación y en qué parte la culpa del déficit de estas regiones es atribuible a la mala gestión de los gobernantes autonómicos.
En esta asignatura ni los gobernantes de Cataluña ni los de la Comunidad Valenciana tienen mucho de lo que vanagloriarse y sí bastante de lo que avergonzarse, pues produce bochorno contemplar cómo, en la época de bonanza, fueron capaces de derrochar los impuestos que, de manera obligada, los ciudadanos confiamos a su gestión y ahora, en la etapa de crisis, se ven impotentes para corregir los excesos que cometieron en el pasado. Probablemente la única manera de deshacer el entuerto sería una reforma del Estado autonómico que acabara con el despilfarro de las 17 taifas que se ha convertido. Pero eso es harina de otro costal y dudamos que nuestros gobernantes se atrevan a ponerle el cascabel a este gato.
