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Venezolana. Periodista de profesión, comunicadora de oficio y activista de las mejores causas por vocación. Fue columnista, conductora de programas de radio televisión en su país de origen. Actualmente se ha consolidado como una 'youtuber' de gran alcance en “El canal de Nitu” y “Plomovisión 24: horas de opinión”. Es consultora internacional de comunicación organizacional. Combatiente por la libertad e inclemente investigadora en busca de la verdad.
Venezolana. Periodista de profesión, comunicadora de oficio y activista de las mejores causas por vocación. Fue columnista, conductora de programas de radio televisión en su país de origen. Actualmente se ha consolidado como una 'youtuber' de gran alcance en “El canal de Nitu” y “Plomovisión 24: horas de opinión”. Es consultora internacional de comunicación organizacional. Combatiente por la libertad e inclemente investigadora en busca de la verdad.

Guaidó, te exigimos cuentas

12 de julio de 2021

La Oficina del Inspector General de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), hizo público un informe de auditoría (disponible en este enlace), en el que se emiten una serie de críticas y recomendaciones con base en el manejo de la ayuda humanitaria destinada para Venezuela.

El informe señala que desde 2017 hasta el 2019 se otorgaron 507 millones de dólares destinados a ayudar a los ciudadanos venezolanos víctimas de la tiranía de Nicolás Maduro, dentro y fuera de Venezuela, pero reconoce que hubo una serie de irregularidades como “prácticas que se salían de los lineamientos que caracterizan los principios de asistencia humanitaria, como son: la neutralidad, la independencia y basarse en las necesidades”, al tiempo que admite que el presidente interino, Juan Guaidó, influyó con sus opiniones en el uso de los recursos. 

El señalamiento más escandaloso del informe es que solo el 2% de la ayuda humanitaria llegó a manos de quienes la requerían, mientras que el 98% restante, “tuvo usos distintos a sus objetivos originales”. 

Esta grave acusación no proviene del sector radical de la oposición, sino de los propios auditores de la USAID. Al momento de escribir estas líneas, llama la atención que los responsables del manejo de la ayuda humanitaria en Venezuela no se hayan pronunciado al respecto.

No es la primera vez que se acusa de manejos irregulares al Gobierno interino. Ya en junio de 2019 el periodista Orlando Avendaño denunció que enviados de Guaidó en Colombia se apropiaron de fondos para ayuda humanitaria destinada al pueblo venezolano en lo que se conoció como el “Cucutazo”.

El Gobierno interino nunca dio una explicación satisfactoria a esta denuncia; por el contrario, destituyó de su cargo de embajador a Humberto Calderón Berti –funcionario de intachable carrera pública– por sospechas de que él hubiese podido filtrar la información sobre los hechos de corrupción en Cúcuta.  

Posterior al cese de sus funciones, Calderón Berti en rueda de prensa afirmó que había ordenado una “auditoría por las irregularidades sobre parte de los recursos que están en Colombia… Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos…Yo no soy policía ni juez para juzgar a nadie. Lo que hice fue mandar a hacer la auditoría que se tenía en cuenta en Caracas, particularmente a Leopoldo López”, subrayó.

Las denuncias de turbios manejos de los dineros públicos por parte del interinato no cesaron. Una más fue expuesta en octubre de 2020 por el periódico estadounidense El Nuevo Herald: “El equipo designado por el presidente interino Juan Guaidó para recuperar los activos malversados por el chavismo protagoniza su propio escándalo de corrupción, con denuncias de que exigió sobornos para otorgar un millonario contrato a una compañía cuyos representantes legales del gobierno interino ahora acusan de estar bajo investigación por fraude en Ecuador y Estados Unidos”. 

En enero de 2021, el Washington Post amplio la investigación de El Nuevo Herald que vinculaba al círculo de Guaidó con actos de corrupción en Estados Unidos.

Además de los fondos proporcionados por la USAID, el Gobierno interino también maneja los presupuestos de las empresas públicas venezolanas en el exterior, entre ellas, CITGO Petroleum Corporation y Monómeros Colombo Venezolanos, sin que hasta ahora haya presentado cuentas a los ciudadanos sobre el uso de estos recursos.

Sin embargo, los venezolanos estamos prácticamente impedidos de exigirle a Guaidó una rendición de cuentas -pese a las evidencias arriba expuestas- porque tal exigencia es interpretada de inmediato, como un acto “divisionista” ante la amenaza que significa el régimen de Maduro. 

Tenemos el deber y el derecho de exigir cuentas, de conocer qué ha sucedido con la ayuda humanitaria que iba destinada a los venezolanos más necesitados y que nunca llegó; tenemos el derecho de exigir una rendición de las responsabilidades políticas. En este sentido, vale la pena hacerse las siguientes preguntas: ¿Por qué el mantra del “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” fue descartado? ¿Por qué ahora se nos propone, en cambio, elecciones regionales con Maduro en el poder? ¿Por qué Leopoldo López viaja por el mundo planteando un cogobierno con el chavismo? ¿Por qué, si Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, los operadores de Guaidó andan en un nuevo diálogo con el régimen?

Así como el interino sustituyó su mantra sin dar explicaciones, los ciudadanos venezolanos -dentro y fuera del país- tenemos derecho a buscar una opción diferente a unos y otros, una tercera opción, cuyo objetivo sea lograr un cambio del sistema imperante, en el menor tiempo posible. Ocupar espacios dentro del régimen criminal chavista no soluciona la grave crisis venezolana, solo prolonga una agonía insoportable.

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