El pasado 1º de mayo y de manera sorpresiva, el fiscal del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, cambió la versión del comentado caso del concejal Fernando Albán quien, según los relatos del chavismo, se “suicidó” lanzándose desde el décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas en octubre de 2018.
Ahora, Saab ha admitido lo que tanto se dijo: que Albán no se suicidó, sino que fue asesinado por agentes del SEBIN, por lo que el Ministerio Público, ordenó la aprehensión de los dos funcionarios que custodiaban al concejal ultimado por los delitos de «homicidio culposo [–es decir, sin querer–] quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido».
Sin que nadie le preguntase, se refirió además a que el organismo a su cargo, presentó un informe a la Corte Penal Internacional en el que dejó sentado que desde que asumió como fiscal -hace 3 años- la Fiscalía ha imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos.
Una semana después, la vicepresidente Ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez, presentó los resultados de una “investigación pericial realizada por un grupo de expertos independientes que mediante Big Data y herramientas de análisis”, habían evaluado todas las informaciones que en Twitter se vierten sobre el país, determinando que “existe una evidente manipulación sobre los hechos de la realidad de Venezuela presentados en la Corte Penal Internacional. A través de estos mecanismos fraudulentos se ha pretendido basar un caso que no existe en Venezuela. Con el objetivo de influir en quienes tienen que tomar una decisión en la Corte Penal Internacional (CPI)”, afirmó la funcionaria.
Curiosamente, el régimen de Maduro decidió a finales de abril sustituir a la embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, Haiffa El Aissami, por la ex presidenta del Tribunal Supremo chavista, Gladys Gutiérrez, según se puede constatar en la Gaceta Oficial número 42110.
Las declaraciones de Saab y de Rodríguez, así como el cambio de embajadora, reflejan cierta inquietud del régimen ante una inminente decisión de la Corte Penal Internacional referida a Venezuela. En efecto, en noviembre de 2020, la Fiscalía de la justicia internacional determinó que existen motivos razonables para presumir que en el país se cometieron delitos de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma (como asesinato, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, entre otros).
Posiblemente, la inquietud se deba a que el próximo mes de junio, el criminalista británico Karim Khan, asumirá el cargo como nuevo Fiscal de la CPI. El régimen de Maduro teme que este alto funcionario sea más expedito que la anterior, Fatou Bensouda. Prueba de ello es que el canal del Estado venezolano, Venezolana de Televisión (VTV), aseguró que Khan había sido elegido “tras amenazas de Israel y Estados Unidos”.
Maduro tiene motivos para preocuparse ya que, en septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay, Chile y Perú presentaron un recurso ante la Corte Penal Internacional para que se investigue al régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el recurso fue apoyado por Francia. Ésta es apenas una, entre muchas otras acusaciones que pesan en contra de Maduro en la Corte de la Haya.
En caso de que las denuncias prosperen, los dirigentes chavistas involucrados en crímenes de lesa humanidad se verían en graves aprietos, porque se trata de delitos que no prescriben y cuyas penas son de obligatorio cumplimiento por parte de los países signatarios del Estatuto de Roma.
Quizás los militares que rodean a Maduro puedan escabullirse de ciertas sanciones internacionales, puesto que éstas podrían suspenderse según el criterio de los gobiernos que las emitieron, pero los dictámenes de la Corte Penal Internacional no son reversibles.
Por tanto, una decisión de la CPI en contra de Maduro podría ser el incentivo que necesitan ciertos militares venezolanos –los más pragmáticos y realistas– para poner fin a la tiranía chavista y abrir las puertas de la libertad.
En las últimas horas, en Venezuela se habla -una vez más- de diálogos y negociaciones entre el régimen y un sector de la oposición con el objetivo de realizar elecciones generales, sin presidenciales. Eso sí, la “oposición debe pedir perdón por los delitos cometidos”, afirma el presidente de la Asamblea Nacional no reconocida. Cinismo puro y duro. La verdad sea dicha: un sector del régimen criminal chavista-madurista muy probablemente lo que busca con el anuncio es retrasar e influir en las decisiones que, en relación con el régimen venezolano, tomará la Corte Penal Internacional.
