Juan Guaidó ha salido ante la opinión pública tras varias semanas sin hacer prácticamente ningún pronunciamiento de consideración. Lo ha hecho para presentar un “Acuerdo de Salvación Nacional” para Venezuela. Una propuesta que realmente presenta pocas innovaciones con respecto a lo que ya ha asomado el líder opositor venezolano en ocasiones anteriores para intentar componer la crisis política que afecta al país latinoamericano desde hace varios años.
Quizá, lo más escandaloso de la proposición de Guaidó haya sido el hecho de que aluda a la intención de llegar a un acuerdo con sectores del chavismo que estén dispuestos a contribuir en un proceso de transición que decante en la democratización del país. Sin embargo, no es cierto que sea la primera vez que la oposición que él encabeza haya hecho pública su intención de negociar con una facción chavista una suerte de poder compartido, que sirva como fórmula de sustitución al régimen del tirano Nicolás Maduro.
El “Acuerdo de Salvación Nacional” incluye pedir elecciones libres para escoger presidente de la República, Gobernadores de las Regiones y Alcaldes de las Municipalidades de toda Venezuela. Sin embargo, el propio Guaidó ha aclarado que desconoce la legitimidad del actual Consejo Nacional Electoral (CNE) para conducir dicho proceso.
Esto en un contexto en el que la semana pasada el chavismo concedió dos puestos dentro del directorio del organismo electoral a personas que forman parte de los grupos de oposición que promueven la participación electoral como mecanismo de lucha contra el régimen, independientemente de las condiciones que haya para ello.
A esta altura Nicolás Maduro no ha dado ningún indicio de estar dispuesto a permitir la realización de una elección Presidencial en el futuro inmediato. Luego de la “recomposición” del CNE solamente se ha hablado de que a finales de año podrían escogerse nuevos Gobernadores y Alcaldes en Venezuela. La continuidad de Maduro no estaría en discusión, estando éste dispuesto a llevar su mandato hasta el final, en el año 2024.
Los llamados a diálogo de Guaidó lucen fuera de contexto, si se piensa en experiencias del pasado reciente: a la oposición nunca le ha ido bien en estos escenarios. No al menos desde finales de 2017, cuando en República Dominicana y con la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero, se negociaban condiciones para un proceso electoral presidencial en Venezuela. El acuerdo final no fue suscrito por los opositores, debido a las enormes inequidades a las que conllevaba, y el chavismo impuso a Maduro en el poder en unas votaciones truculentas realizadas en 2018.
Luego, ya con Guaidó al frente del “Gobierno Interino”, se intentaron dos jornadas de diálogo y negociación política entre chavistas y antichavistas: a instancias del Reino de Noruega se produjeron los primeros encuentros, que nunca fructificaron. Luego, los mismos promotores de aquellos diálogos trasladaron las conversaciones al Caribe, específicamente a Barbados, sitio en el que tampoco se logró ningún avance.
El signo general de todos estos procesos de diálogo siempre ha sido más o menos el mismo: la burla. Simplemente el chavismo nunca ha puesto sobre la mesa una intención real de ceder en su aspiración de conservar el grueso del poder en Venezuela. Lo que se ha concedido, en todo caso, siempre han sido migajas: alguna mínima garantía para que los opositores conquisten un par de Gobernaciones o una decena de Alcaldías, y poco más.
Maduro y los suyos jamás han tenido voluntad real de iniciar un proceso de democratización del país, en el que se den amplias garantías políticas a la oposición y el chavismo comience a entregar el poder central, así sea a cuentagotas. Y luce que no lo han hecho porque no se sienten obligados a hacerlo: al día de hoy la oposición no tiene cómo coaccionar a Maduro a través de ningún método de presión clásico (protestas, marchas, paros, etc.).
Sin embargo, la propuesta de un “gobierno compartido” tiene mucho rato en el ambiente. Al menos desde el año pasado el gobierno de los Estados Unidos ha venido insistiendo en la tesis de que la solución a la crisis venezolana pasa por un entendimiento entre factores de la oposición y el régimen, que dé paso a una suerte de junta de transición temporal que sea capaz de organizar unas elecciones Presidenciales limpias y creíbles.
Esta es la posición que abanderaron los funcionarios para la región de Donald Trump hasta el final de su mandato y es aparentemente la misma que, hasta ahora, mantienen los burócratas de Joe Biden encargados del asunto. Como es obvio, y a pesar de la insistencia, el chavismo ha hecho caso omiso de estos llamamientos una y otra vez.
Quizá lo único novedoso introducido en la propuesta de Guaidó es que ha señalado públicamente que incluso estaría dispuesto a colaborar en el levantamiento progresivo de las sanciones impuestas a la nomenklatura chavista y sus instituciones por parte de la justicia norteamericana y europea.
Eso a cambio de que colaboren con el mencionado proceso de transición que, hasta ahora, nunca se ha asomado en el horizonte. Sin embargo, Guaidó ha admitido que en el pasado el chavismo se ha burlado de la oposición y de la comunidad internacional, utilizando los procesos de diálogo para ganar tiempo, mientras impone su hegemonía.
El “Acuerdo de Salvación Nacional” aparece en un momento en el que obviamente la narrativa del llamado “gobierno interino” encabezado por Guaidó ya ha sufrido un desgaste considerable.
Al no lograr la salida de Maduro de Miraflores luego de más de 2 años de intentos, la oposición se encuentra en un callejón en el que se le plantea el dilema de participar en unas votaciones con ventajismo y control absoluto del chavismo sobre el proceso electoral, sin posibilidades reales de hacer valer cualquier eventual victoria en ese campo; o bien insistir en la ilegitimidad del régimen y persistir en la idea de que el Presidente legítimo del país es Guaidó, sin que dicha Presidencia tenga implicaciones reales a ninguna escala del poder público en Venezuela.
El dilema existe e incluso la comunidad internacional ha comenzado a tratarlo como tal: como un caso que no es fácil de resolver y que, por tanto, bien puede aparcarse en el tiempo, mientras se atajan asuntos que sean más fáciles de destrancar. La pregunta: ¿Hasta qué punto podrá seguir aguantando Venezuela en esta inercia?
