Muy a nuestro pesar, no tenemos más remedio que mostrar nuestra decepción por lo que ha trascendido de la entrevista que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mantenido con la presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza. No es que esperásemos un torrente de elocuencia: el antecedente de su renuncia a decir una sola palabra cuando fue interpelado por los periodistas, y contestó hablando del tiempo y la lluvia que caía, no presagiaba mucho más de lo que, al parecer, ha acabado sucediendo ayer tarde en La Moncloa.
Una vez que el presidente ha aclarado en su cabeza lo que tiene que decir, el resultado es una versión minimalista del parto de los montes: el Gobierno continuará trabajando “para que no haya una apertura donde salgan todos en bloque”. Ante semejante mensaje no hay más remedio que preguntarse si cree que la AVT y otras asociaciones de víctimas se pueden considerar satisfechas con que los terroristas salgan a la calle en forma de goteo. Realmente, la situación es desconcertante, por decirlo con mucha benevolencia.
La manifestación en la madrileña plaza de Colón prevista para el domingo convocará, sin duda, a muchas más personas que a los familiares y allegados de las víctimas de la vesania terrorista: van a acudir miles de personas que no sólo querrán mostrar su solidaridad con ellos, sino para dejar constancia de su inquietud y su repudio de lo que tiene todas las trazas de ser la continuación del cumplimiento de compromisos con la banda adquiridos por el funesto Rodríguez Zapatero, antecesor de Rajoy en La Moncloa. Los manifestantes del domingo que viene protestan por el cinismo de quienes presentan la rendición del Estado a las exigencias de la ETA como “una victoria del Estado de derecho” que ni siquiera saben lo que es, pero usan la muletilla porque les parece que suena bien.
Si Rajoy quiere desvanecer las vehementes sospechas de que se nos está tomando el pelo a los ciudadanos, tiene varias cosas por hacer que no son palabras, sino hechos: una urgente regulación de los beneficios penitenciarios que resista las acometidas de algún magistrado intrigante; la efectiva represión de todo acto público de enaltecimiento de la ETA o de menosprecio a sus víctimas; el cumplimiento de la sentencia del Constitucional que legalizó al brazo político de la banda en todos sus términos, y concretamente en la activación de su ilegalización por hechos sobrevenidos; la presencia del Estado en el País Vasco y una política exigente de respeto a la ley en materia de banderas y otros símbolos de la España común. Son sólo unos apuntes al paso. Pero han de ser hechos, no palabras. Ya es demasiado tarde para creer en palabras.
