Bajo la rúbrica «Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil», el Título II de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil regula los estadios temporales del sistema: i) anticipación; ii) prevención de riesgos; iii) planificación; iv) respuesta inmediata a las emergencias; v) recuperación.
Se trata de anticipar y prever los riesgos en un territorio a la vista de las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad del mismo, las infraestructuras o la población, con la finalidad de adoptar una respuesta pronta y adecuada, que obliga en cada caso a dotar de medios apropiados que se ajusten a las necesidades de cada emergencia.
Los sujetos competentes deben planificar y prever para anticiparse en todo momento a las situaciones de emergencia, a fin de poder «informar, avisar y alertar a la población, adoptar medidas precautorias y ordenar la disposición de los medios materiales y personales adecuados para minimizar el daño». Pero el Estado de las Autonomías es la casa de «Tócame Roque», una babel de competencias, egos e intereses partidistas. Es un caos permanente, pero en la vida ordinaria los ciudadanos se han acostumbrado a sufrir ese caos. El problema es cuando llegan las emergencias. Pasó con el virus de Wuhan, está pasando con la inmigración ilegal, y ahora las inundaciones.
La Ley delimita con claridad cuáles son las emergencias de interés nacional: 1. Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio; 2. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico; y 3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.
El propio Sánchez reconoce en el Real Decreto-Ley 6/2024 de 5 de noviembre que el 27 de octubre la misma Agencia Estatal de Meteorología lanzó un aviso y es un hecho notorio que en día 28 de octubre ya se veían afectadas varias provincias por las fuertes lluvias y que los días 29 y 30 de octubre (los más brutales en términos de vidas humanas y materiales), estaban gravemente afectadas ya Andalucía (285 municipios); Castilla La Mancha (Albacete y Cuenca) y Valencia; con unas precipitaciones intensísimas que anunciaban graves inundaciones por desbordamiento de cauces, y amenazaban, como ha sucedido, con un número brutal e inasumible de fallecidos, desaparecidos, personas atrapadas en sus viviendas y vehículos, conductores inmovilizados en las autovías, cortes en la red de ferrocarril, interrupción de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, suministro eléctrico y telefonía, con los riesgos inherentes a una emergencia de ese calibre para la seguridad ciudadana.
Como ha recordado ayer Ricardo Chamorro, diputado nacional de VOX por Ciudad Real, en Letur (Albacete) han muerto también ya 7 personas por las riadas.
Desde el primer momento, durante el día 29 de octubre, el Gobierno de España debió proceder a declarar la emergencia de interés nacional de acuerdo con el art. 28 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, poniendo todos los recursos de la Nación, humanos y materiales, al servicio de las operaciones de respuesta inmediata a la emergencia; activando de igual modo la denominada situación 3 del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones y tomando el control de la situación.
Primero, porque la emergencia se sabía que iba a afectar a varias Comunidades Autónomas, porque era necesaria la coordinación de diversas Administraciones, porque se exigía una aportación de recursos a nivel nacional e incluso internacional y, por supuesto, porque por sus dimensiones efectivas y previsibles la tragedia iba a requerir una dirección de carácter nacional.
Declarar la emergencia de interés nacional, y activar el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil y el de Riesgo de Inundaciones hubiera salvado vidas, no era una opción, era un deber de diligencia inexcusable y conscientemente no lo hicieron, perjudicando gravemente la capacidad de respuesta inmediata a la emergencia, y dejando desamparada a la población civil.
Si lo hubieran hecho, la Unidad Militar de Emergencias hubiera asumido desde el primer momento la dirección operativa bajo la dirección del Ministro del Interior y del Presidente del Gobierno.
Tampoco era una opción, la activación inmediata, urgente y completa de las Fuerzas Armadas por parte de la Ministra de Defensa, que ha mantenido unidades militares preparadas, a pocos kilómetros del lugar de los hechos, desactivadas durante días.
Supone una gravísima negligencia, y consciente, y una dejación de funciones, que perjudicó la eficacia y rapidez del despliegue de todas las capacidades logísticas, militares y civiles, bajo una dirección nacional, con los resultados tan dramáticos que hemos visto: muertes, lesiones, destrozos en infraestructuras, lentitud en las tareas de recuperación de cadáveres, asistencia a la población civil; comida, agua, ropa, material imprescindible; así como prevenir y combatir los saqueos y graves problemas de seguridad, orden y salud pública.
Defender España; la vida, la hacienda y la libertad de los españoles, no es una opción; salvo para esos políticos sin escrúpulos que se esconden en una cicatera y cobarde interpretación de las competencias Estado-Comunidades Autónomas. Es un nuevo fracaso del Estado autonómico, ya fallido.
Hoy (por ayer) Feijóo ha dicho que el estado autonómico ha funcionado. No se puede caer más bajo y ser menos sensible a la realidad que se ha vivido en gran parte de España. No se puede vivir más fuera de la realidad.
Las élites del bipartidismo se protegen en un abrazo insostenible mientras miles de voluntarios, españoles de a pie, la mayoría jóvenes, organizados en asociaciones, colegios, o simplemente grupos de amigos, están en la calle ayudando en uno de los mayores actos de solidaridad nacional.
El Estado de las autonomías es un cadáver político, felizmente. Sólo falta ver cómo se desploma. Cuestión de tiempo; aunque sus defensores son, ahora, como un animal herido. No cedamos y demos el descabello final. Cuanto antes nos deshagamos de él, antes la Nación volverá tener un Estado a su servicio.
