Irene Montero es terca en la necedad, constante en el sectarismo y tan soberbia como para no escuchar la corrección de los que saben más que ella. Es decir, casi todo el mundo. No existe asunto que toque la vicepareja, que la cruda realidad no eche por tierra. No hablamos de adversarios políticos o enemigos varios, sino de evidencias incontestables. En poco más de un año como ministra no hay constancia de que haya hecho nada útil o dotado de un remoto sentido común.
La única certeza de la que disponemos es que su Ministerio, además de carísimo, es el parque temático de la estupidez. Un micromundo sororo creado a su imagen y semejanza compuesto por una corte de pelotas descerebradas dedicadas en cuerpo y alma a servir a su lideresa, cegadas por la ideología y deslumbradas por unos sueldos que, por su formación, jamás se hubieran atrevido a soñar.
Es difícil, aunque posible, imaginar juicios en los que los hombres tengan que contar con pelos y señales cómo acabaron en la piltra con la señorita en cuestión
El drama de la Montero —nuestro drama, en realidad— es que no se conforma con hacer vídeos histéricos envueltos en lágrimas denunciando el sufrimiento de la mujer en España; el problema es que pretende convertir sus ocurrencias ideológicas en leyes -coincidiendo con el 8 de marzo de cada año, qué casualidad-.
Todavía arrastra el esperpéntico anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y ya ha presentado el delirante borrador de la llamada “Ley trans”.
Ayer, el Consejo General del Poder Judicial aprobó el informe sobre el anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual en el que señalaban dos errores garrafales que cualquier alumno de primer año de Derecho Penal no hubiera cometido.
La barbaridad es antológica, pues conculca otro de los principios del Derecho Penal: la proporcionalidad de la pena
El primero, respecto a la definición del consentimiento en lo relativo a los delitos sexuales. La Montero cree, en su oceánica ignorancia, que hasta su advenimiento al mundo de la política, el Código Penal no tenía en cuenta el consentimiento de la víctima. No sabe que cualquier delito de carácter sexual se asienta sobre la base de la falta de consentimiento o del vicio en el consentimiento, aunque no lo haya definido en los términos que ella se empeña en imponer. Si no es así, se trata de una relación sexual al uso. Con lo cual, cabría pensar que la ministra cree que las relaciones sexuales están penadas en España y que cada uno puede hacer lo que quiera contra una mujer sin pasar por el juzgado. Impresionante, señora. Ni en el Medievo eran tan brutos.
No queda ahí el despropósito. En su afán por imponer su lema vital y político hasta que se le ocurra otro: “Sólo sí es sí”, se hace un enorme lío; incluye en el mismo texto que el consentimiento puede ser expreso o tácito y lo termina con la necesidad de que sea expreso. Parece que doña Irene no tiene muy claro el alcance de sus ocurrencias y de qué modo pueden afectar a la vida de los hombres, que ya han sido despojados de la presunción de inocencia gracias a la nefasta Ley Integral de Violencia de Género. Ahora, una vuelta de tuerca más. Con esta ley, los hombres quedarán al albur de cualquier loca que decida denunciar que no dio el consentimiento expreso y queda invertida la carga de la prueba. Es difícil, aunque posible, imaginar juicios en los que los hombres tengan que contar con pelos y señales cómo acabaron en la piltra con la señorita en cuestión. Tampoco esto me parece muy agradable para la mujer, pero todo está cambiando tanto y el pudor está tan poco considerado que lo veremos.
Que esto lo diga una analfabeta funcional, sectaria y caprichosa, por muy ministra que sea, es esperable
El otro error jurídico del dichoso anteproyecto es unir los delitos de abuso y agresión sexual. Esto significa que lo mismo da un abuso leve que una violación total. En la práctica, si un delincuente sexual va a tener la misma pena haga lo que haga, lo más probable es que se decida por lo peor. La barbaridad es antológica, pues conculca otro de los principios del Derecho Penal: la proporcionalidad de la pena.
La reacción en el Ministerio de Igualdad ha sido contundente: ¿es vinculante el informe del Consejo General del Poder Judicial? No. Pues Irene tira millas y pone un tuit:
”Sólo sí es sí” #SeráLey
A la ministra le importa un bledo todo, porque lo desconoce todo. Que esto lo diga una analfabeta funcional, sectaria y caprichosa, por muy ministra que sea, es esperable; pero que la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la juez Victoria Rosell, diga que este informe es regresivo es de aurora boreal. Irene ignora, Victoria miente porque ella sabe -o debería saber- algo de Derecho.
No, señora Rosell, lo único regresivo en todo este asunto es su Ley de Libertad Sexual, que prescinde de principios fundamentales del Derecho Penal -base de la civilización- y de la pulcritud que debe acompañar a todo texto legal. Regresivas son ustedes.
