Almirante:
Hoy recogen diversos medios de comunicación la concentración que se produjo el día 29 de noviembre en la Plaza del Dos de Mayo de Madrid, de unos 150 militares para protestar –según dichas informaciones- por el Régimen Disciplinario Militar y por su Carrera Profesional. Todos ellos pertenecientes a la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), cuyo presidente es el subteniente Jorge Bravo y el secretario general de la Asociación es el abogado Mariano Casado.
Según las informaciones que he podido recoger, parece que estos caballeros pidieron a la Delegación del Gobierno de Madrid el correspondiente permiso para poder concentrarse/manifestarse. Como es obvio, tal Delegación, mientras los concentrados cumplan con una serie de requisitos exigidos por aquélla, no tiene por qué ponerles objeción alguna para culminar su propósito.
Sin embargo, estos caballeros son absolutamente conscientes de que su concentración/manifestación va en contra de lo legislado por las leyes militares, por lo estipulado por el Tribunal Constitucional y, en última instancia, por el respeto que debemos a nuestro uniforme quienes tenemos el honor de vestirlo.
Pero hay dos hechos que no deben pasar desapercibidos a nadie: Primero, esta Asociación es siempre apoyada por los Sindicatos de clase, que lo que desean es que todo militar pueda tener derecho de sindicación y, de ese modo, minar todavía más la supuesta fortaleza jerarquizada de la Institución. Y en segundo lugar –importantísimo también-, es que el secretario general de la Asociación, el abogado Mariano Casado, forma parte del llamado Observatorio de la Vida Militar y que, en realidad, de esa forma es juez y parte en todo aquello que pueda afectar a la citada Asociación. ¡Fantástica visión la del ministerio de Defensa!
Sé, Almirante, que VE forma parte de ese Ministerio. Es más, es la segunda autoridad del mismo. No creo que VE haya tenido ninguna responsabilidad en el nombramiento del citado abogado en ese órgano, que más se parece a un Comisariado Político que a un órgano militar imprescindible. En cualquier caso, este escrito no tiene como objetivo polemizar sobre la necesidad, o no, de tal Observatorio, al que ya me referí en algunos escritos anteriores para repudiarlo por considerarlo no sólo innecesario sino también contraproducente para la Institución militar.
Este escrito es, principalmente, para pedir a VE, para rogarle, que, utilizando todos los medios legales que sean precisos, se ponga fin de una vez al bochornoso espectáculo de ver que unos militares se manifiestan o se concentran como si fueran “trabajadores de la Defensa” para reclamar así derechos o garantías que saben de sobra los tienen que hacerlo por otros medios.
Desde que en el año 2001 el Tribunal Constitucional aprobó mediante la STC 219/2001 el asociacionismo militar, siempre y cuando no se utilizaran los procedimientos que pueden serlo por los sindicatos (huelgas, manifestaciones y convenios que prevean acuerdos económicos), todas las Asociaciones saben muy bien hasta dónde pueden llegar con “la representación de su agravio”. De modo que lo que ya ha hecho en más de una ocasión AUME, como lo sucedido el sábado 29 de noviembre, sobrepasa, en mi opinión, los límites de lo permisible.
No sé, Almirante, si los servicios jurídicos del Ministerio o del Estado Mayor de la Defensa deberían actuar de oficio en un caso como éste. Lo cierto es que estas actuaciones de militares sobrepasan los límites de lo establecido por los Tribunales, ni son ejemplo de dignidad para nadie, ni deberían haber sido nunca toleradas por el mando militar. Y, cuando me refiero a la no tolerancia, no lo hago sólo en relación con el presidente de la correspondiente Asociación que, supongo, contará con una Junta Directiva o un Consejo Rector igualmente responsable.
Es posible, Almirante, que las nuevas Leyes Orgánicas de Régimen Disciplinario de las FFAA y del Código Penal Militar contemplen las sanciones necesarias para casos como éstos. Pero es lo cierto que, con sólo tener presente lo establecido por el Tribunal Constitucional hace ya años, habría razones más que suficientes para encausar a quienes, porque sí, vulneran lo que aquél estableció.
Quedo a sus órdenes.
