Argumentan los jueces de la Audiencia que el chivatazo “no favorecía la actividad de ETA”, sino que su finalidad es que no se entorpeciera el proceso para lograr el cese de la banda.
Kafkianas razones. La primera de los dos afirmaciones es una falsedad, porque al no detener a Joseba Elosúa, el recaudador terrorista, el dinero de la extorsión fue utilizado para que los asesinos siguieran matando. Es decir, que el chivatazo sí favoreció la actividad de la banda asesina.
La segunda afirmación de la Audiencia, que la finalidad no era entorpecer el proceso para el fin de la actividad terrorista, equivale a creer en el sexo de los ángeles. Sobre todo dicho ahora, con la perspectiva de siete años y de doce cadáveres. Los de las víctimas que la banda ha apuntado, como muescas en su cartuchera, una vez que se rompió aquel proceso, seis meses después del chivatazo del bar Faisán, y los asesinos volvieron a apretar el gatillo llevándose por delante a policías, guardias civiles y concejales.
Jueces y policías, Gobiernos y ministros del Interior, deberían saber que el terrorismo no cesa su actividad por un proceso en el que se pone alfombra roja a los matones y se les echa un capote a los recaudadores para que no les detengan. Pensar que se pueden hacer pactos con el diablo es un error de principiante. Es lo malo que tiene ponerse al nivel del delincuente, y saltarse la ley a la torera. Al final, no te respetan. Eso es exactamente lo que pasó en aquella gran chapuza que fue la negociación zapateril (un atajo tan cutre como los GAL de González solo que a la inversa). No sirvió para nada. ETA rompió la tregua en el atentado de la T-4 y volvió a sembrar la muerte y la destrucción,
La propia sentencia viene a confirmar que el diseño de la operación era político, y por lo tanto las razones y el móvil. Y si era político, los policías Pamies y Ballesteros, no podían actuar por su cuenta y riesgo, sino obedeciendo órdenes superiores. La Audiencia lo sugiere implícitamente al considerar hecho probado la declaración del Congreso dando alas a la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA.
Y, al cabo, todo queda en una condena de año y medio por revelación de secretos a los dos policías, que ni siquiera pasarán por prisión, al tratarse de penas inferiores a dos años. De colaboración con banda armada (¿qué otra cosa es dar un soplo para salvar de la cárcel a un recaudador de la banda terrorista?) nada de nada. De apuntar más arriba en el organigrama buscando responsabilidades en los superiores políticos de los funcionarios policiales, nada.
Todo ello deja un regusto amargo a impunidad y la constancia de que matar y extorsionar les ha salido gratis a una pandilla de revientanucas y a los cómplices que han llegado al Parlamento, previo blanqueo de la listas.
