Los nuevos españoles, es decir, los que vienen en patera o acaban de obtener la nacionalidad en algún consulado perdido gracias a la ley de memoria democrática, son como el cine español: lo más español que podemos tener. Por encima de la tortilla de patatas, de la noche de Reyes Magos o de la catedral de Burgos.
En cambio, los españoles de varias generaciones son españoles de segunda, no ya según su lugar de residencia en las regiones cuyos gobernantes incumplen la Constitución, sino sus apellidos. Una de las dispensadoras de las dosis de españolismo y progresismo, esos bálsamos que en la mayoría de las ocasiones se anulan, la periodista Lucía Méndez, sentenció que el golfista vizcaíno Jon Rahm es «relativamente español».
Gobiernan España desde hace décadas políticos a los que la nación que les mantiene les importa un comino, y sólo les interesa para vivir a su costa y hacer grandes negocios. Una de las frases célebres de Mariano Rajoy que le ha permitido pasar a la antología de perogrulladas y memeces es la de «no me gustan las fronteras». Desde que José María Aznar legalizara a docenas de miles de inmigrantes —en parte por la presión de los ejecutivos que no encontraban mano de obra barata para sus empresas— con requisitos tan serios como un abono de transportes, las oleadas de nuevos españoles no han parado. Incluso todos los gobiernos desde 2004 permiten que el régimen marroquí incumpla sus obligaciones de readmitir a los ilegales detenidos en España que tengan como origen el sultanato.
Un africano que viole la frontera española por la fuerza y arrolle a policías españoles o un filipino que descienda de un abuelo canario que emigró por motivos económicos pueden presumir de españolidad, aunque su conocimiento de la cultura española se limite a la camiseta del Real Madrid. Lo dice el BOE y lo proclamó Manuela Carmena cuando era alcaldesa de Madrid. Dijo que aplaudió a los que saltaban la valla de Melilla porque ella quiere que esos inmigrantes «vengan con nosotros, y lo queremos de verdad, queridos amigos, porque son los mejores, los más valientes». Para una de las papisas de la iglesia del progresismo, los cobardes y los peores son los senegaleses, los nigerianos o los paquistaníes que se quedan en sus países, junto a sus familias, y no alimentan las mafias.
Y a los mejores y los más valientes hay que agradecerles que vengan a pasearse entre nosotros, como hicieron los campesinos mexicanos con los siete magníficos que les libraron de unos bandidos. El premio, además de un pasaporte español, con derecho a voto, es el dinero, mucho dinero. La nueva renta de garantía de ingresos vasca (mínimo de 803 euros mensuales) la pueden solicitar vascos que vivan en el extranjero en situación de exclusión y, por supuesto, extranjeros extracomunitarios sin empleo o refugiados. Junto a estos desembolsos a los interesados, con los que las Administraciones y los bancos no son igual de exigentes que con los españoles nativos, se ha montado una miríada de asociaciones, observatorios, ONG y servicios para atenderles de los que comen técnicos, psicólogos, activistas, trabajadores sociales, abogados, políticos retirados y familiares de políticos en activo.
Pero este dineral, cuyo monto desconocemos, porque las Administraciones y los medios de comunicación no se sienten impulsados a darnos las cifras totales, tiene que salir de algunos bolsillos. Y esos bolsillos son los de los ciudadanos españoles (también los de muchos extranjeros establecidos legalmente) y las empresas.
Y así llegamos a la causa que explica el enfado y las maniobras del Gobierno de Sánchez contra el traslado de Ferrovial a otro país de la Unión Europea, en contradicción con las libertades de circulación y establecimiento comunitarias. Si las empresas españolas, y no digamos los ciudadanos, se marcharan, ¿quiénes pagarían esta fiesta? En 2022, Hacienda recaudó 255.000 millones de euros, un 14% más que en el año anterior, por encima de la tasa de inflación, y aun así el Gobierno se endeudó en 75.000 millones más, con lo que el Reino de España acabó 2022 con una deuda de 1,5 billones de euros.
De ahí que varios ministros del Gobierno de izquierdas, con Pedro Sánchez como jefe de la patota, hayan amenazado a una empresa que hasta ahora formaba parte de los círculos de poder (y del reparto), de la misma manera que los inspectores de Hacienda, animados por sus bonus, amedrentan a los contribuyentes sin apellidos ilustres ni invitaciones a monterías.
En conclusión, la partitocracia levanta las barreras para todos los que quieran venir del extranjero a España, pero las cierra para los españoles que quieran marcharse, aunque sea a países de la UE, como Holanda o Portugal. Y lo hace con la buena conciencia de quien reprende a un egoísta. Porque, como dijo Nicolás Gómez Dávila, «patriota, en las democracias, es aquel que vive del Estado; egoísta, aquel de quien el Estado vive».
La ciudad de los quince minutos ya se está poniendo en práctica en España, pero para la clase media y no por la emergencia climática, sino por la emergencia fiscal.
