De los doscientos Estados soberanos que pueblan el mapamundi, no habrá ni una docena que sean verdaderas democracias. Sin embargo, casi todos presumen de asentarse en instituciones democráticas: elecciones, división de poderes, cierto pluralismo de opciones políticas, etc.
España se sitúa en el elenco de países con una constitución democrática sin fisuras. En la práctica, deja mucho que desear. No es, solo, que todos los partidos que han gobernado se hayan visto envueltos en casos de corrupción política. La teórica división de poderes cede ante la realidad de una abrumadora imposición del Ejecutivo, tanto a la escala nacional como regional. La prueba fehaciente es que el número de funcionarios y asimilados no deja de crecer, cuando muchas empresas privadas más bien renquean.
Más que una cuestión estadística, es otra de estilo, de talante, en el núcleo de los que mandan. Simplemente, cada vez se distancian más del conjunto contribuyente. La prueba principal es que el presidente del Gobierno no puede presentarse ante un público no seleccionado sin que reciba silbidos y abucheos. Es una situación insólita en la breve historia de nuestra democracia.
Así, pues, aceptemos que los españoles vivimos en un sistema democrático, mas, convenientemente, rebajado. No hay por qué extrañarse. Todos los regímenes políticos que han presidido la vida de los españoles durante los últimos 150 años han mostrados trazas autoritarias. Algunos las han hecho explícitas, incluso, programáticas; otros, a la chita callando. Casi, se podría decir que ese es nuestro régimen natural, al menos, como constancia histórica.
No se trata de una cuestión genética o de un destino manifiesto lo que nos lleva a rebajar las expectativas democráticas. Simplemente, el autoritarismo básico rige la vida privada, la empresarial, la de las asociaciones de toda índole. «Autoritarismo» quiere decir que lo que viene de arriba, de la dirección, se impone como si fuera un hecho de la naturaleza.
Una derivación del ambiente autoritario en la vida política es que el rival o el adversario no es visto como tal, sino como enemigo. Así, se refuerzan los vínculos de amistad, pero, hasta el punto degradado del «amiguismo». De, ahí, a la corrupción política no hay más que un paso.
El ideal democrático es que funcionen solo dos o tres grandes partidos. En España, no es posible tal condición. En el Congreso de los Diputados, pululan más de una docena de partidos. Algunos de los cuales son, simplemente, grupos de presión. El resultado de tal mezcolanza es que un Gobierno, solo, puede medrar si se convierte en una coalición de distintas (y, aun, dispares) formaciones políticas. Se deduce que, con un sistema tan artificioso, el Gobierno sea, en realidad, un medio para repartir prebendas y concesiones particulares. Es más, a la izquierda no le importa alinearse con quien sea con tal de mandar, de sostenerse en el poder. En cambio, la derecha hace muchos ascos a la hora de coaligarse con las fuerzas afines. Se comprende, ahora, por qué, a lo largo de los cuarenta y tantos años de democracia en España, ha gobernado más tiempo la izquierda que la derecha. Hay pocos indicios de que vaya a alterarse esta constancia estadística. Ya, pueden decir misa las encuestas electorales. La realidad dicha es la que se impone.
Todavía, hay una circunstancia más influyente. Desde los inicios de la “transición democrática”, hace más de medio siglo, la derecha ha expresado una obsesiva tendencia a admitir algunos ribetes izquierdistas, al menos en los planteamientos retóricos. Por eso protesta tan poco ante los “avances” de la izquierda. No parece un comportamiento democrático. El cual debe ser, esencialmente, pluralidad sin complejos. Debe de ser que tal grado de autenticidad parece ajeno a nuestras tradiciones. En definitiva, la democracia es, ante todo, la expresión de una cultura cívica inveterada, como la definieron Almond y Verba, hace, ya, algunos decenios Eso es lo que nos falta a los españoles. Es algo que no se puede comprar, ni importar, fácilmente.
