Después de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, está previsto que la asuma Bélgica y después, ya en el segundo semestre de 2024, Hungría. Esto último tiene muy preocupados a los progresistas del Parlamento Europeo, que han desplegado una ofensiva política para impedirlo. Quieren evitar a toda costa una presidencia húngara.
En realidad, hay un frente antihúngaro (y antipolaco, por cierto) muy activo en la Eurocámara. En él coinciden miembros de distintos grupos que van desde el Partido Popular Europeo, que se ha ido alejando de sus orígenes conservadores para abrazar los consensos progresistas, hasta la Izquierda pasando por los socialdemócratas —que no son más que los socialistas de toda la vida—, los liberales y los verdes. Se trata, pues, de un movimiento transversal.
Los ataques a Hungría han revestido distintas formas a lo largo de los años. Tal vez las más publicitadas sean los informes elaborados por ciertos eurodiputados. Por ejemplo, el llamado Informe Sargentini, de 2018, que condujo a que el Parlamento Europeo reclamase sanciones contra Hungría sobre la base del art. 7 del Tratado de la Unión. Estos movimientos se complementan con otros que llegan desde otras instancias como el Consejo de Europa, donde la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la bosnia Dunia Mijatovic, elaboró un informe en 2019 acerca de cuestiones que, a su juicio, están interconectadas: derechos humanos de los solicitantes de asilo y refugiados, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, independencia judicial, igualdad de género y derechos de las mujeres. No es necesario advertir que las conclusiones fueron muy negativas.
En unos y otros informes suelen citarse los trabajos de otras organizaciones como la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, y organizaciones no gubernamentales como Freedom House y Open Society Foundations, así como de universidades. Reparemos, pues, en la enorme influencia que, desde instancias de la sociedad civil, se ejerce tanto sobre el Parlamento Europeo como sobre el Consejo de Europa. A este respecto, los informes elaborados por el European Centre for Law And Justice, que dirige Gregor Puppinck, han revelado cómo opera esa influencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en las Naciones Unidas. Algunas de sus conclusiones resultan válidas también para el tipo de persuasión que se ejerce sobre El Parlamento Europeo y sobre la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Puppinck no duda en hablar de «corrupción» en el sistema internacional de derechos humanos.
El catalizador de la nueva ofensiva desatada contra Hungría ha sido la posición del Gobierno húngaro, que es favorable a la paz entre Rusia y Ucrania, así como su negativa a permitir el paso de material militar para Ucrania por su territorio y las reservas contra determinadas sanciones a la Federación de Rusia que podrían comprometer la propia viabilidad de la economía húngara. La victoria de Viktor Orbán en las elecciones de marzo de 2022, donde cosechó una mayoría absoluta arrolladora, supuso un respaldo a estas políticas y, más en general, a la afirmación del interés nacional de los húngaros, de la soberanía nacional y, esto es fundamental, de la aplicación del Tratado de la Unión Europea dentro de sus propios límites. Esto resulta esencial para comprender la posición húngara: se trata de evitar que el Derecho de la Unión se extralimite y termine convirtiéndose en un ariete contra la soberanía de los Estados.
Apenas unos meses después de la victoria de Orbán, la Comisión Europea decidió congelar la transferencia de los fondos europeos que Hungría debía recibir. Hasta ahora, están suspendidas las transferencias de parte de los correspondientes al Marco Financiero Multianual así como los del programa de Recuperación y Resiliencia y Next Generation. Se acusaba a Hungría de romper principios fundamentales del Estado de Derecho y se activaba el llamado Reglamento sobre Condicionalidad, que somete la percepción de fondos al cumplimiento de una serie de condiciones impuestas por la Comisión según su interpretación de los tratados. Por ejemplo, Hungría debía cumplir con 17 condiciones si quería percibir los fondos Next Generation EU, aprobados en 2020 para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. En diciembre de 2022, la Comisión evaluó el plan de reformas presentado por Budapest y el Consejo de la Unión Europea lo aprobó. Desde entonces, se viene haciendo un seguimiento de la ejecución del plan. En enero de 2023, la Comisión consideró que Hungría no había cumplido con todas las condiciones de modo que los fondos siguen congelados. En mayo de este año, algunos europarlamentarios aprovecharon la ocasión para lanzar un nuevo torpedo contra Hungría mediante una Propuesta de resolución sobre la vulneración del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en Hungría y la inmovilización de fondos de la UE.
Ahora, la ofensiva ha entrado en una nueva etapa a medida que se acerca el semestre de presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea. El progresismo de la Eurocámara se ha movilizado para evitar que Hungría acceda a la presidencia que, según el Derecho, le corresponde. En efecto, la resolución aludida «subraya el importante papel de la Presidencia del Consejo a la hora de impulsar los trabajos del Consejo sobre la legislación de la Unión, garantizar la continuidad de la agenda de la Unión y representar al Consejo en las relaciones con las demás instituciones de la Unión; se pregunta cómo podrá Hungría cumplir esta tarea de forma creíble en 2024, habida cuenta de su incumplimiento del Derecho de la Unión y de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE, así como del principio de cooperación leal; pide al Consejo que encuentre una solución apropiada lo antes posible; recuerda que el Parlamento podría adoptar las medidas adecuadas si no se encuentra una solución».
Lo que sucede es que, para impedir que Hungría presida el Consejo de la Unión Europea, los europarlamentarios progresistas van a necesitar un martillo.
Con el Derecho en la mano, Hungría tiene todas las de ganar, pero esto trata más de acciones políticas que de normas jurídicas. Por ejemplo, el Parlamento Europeo podría boicotear la presidencia y reducir su cooperación con el Consejo de la Unión Europea. Los gobiernos de algunos Estados miembros como Alemania, los Países Bajos y Suecia han apoyado las reservas respecto de una presidencia húngara. La alemana Anna Lührmann, ministra de Estado para Europa y el Clima, ha dicho que tiene dudas «acerca de hasta qué punto Hungría puede lograr tener éxito en la presidencia». Es interesante señalar, por cierto, que Lührmann pertenece al partido de Los Verdes.
De momento, el Gobierno húngaro no parece preocupado por este nuevo movimiento. La húngara Judit Varga, ministra de Justicia, calificó la resolución de «sinsentido». Para privar a Hungría de la presidencia tendría que haber consenso de los 27 miembros de la Unión y al país centroeuropeo no le faltan aliados.
Sin embargo, cabe una reflexión de fondo. La Unión Europea no nació para acabar con la soberanía de los Estados. Todo el proceso expansivo de las competencias de la Unión y el uso de la protección de los derechos humanos como pretexto para la injerencia en la política interna de los Estados corre el riesgo de socavar los fundamentos del propio proyecto europeo. Después de más de treinta años desde el Tratado de Maastricht, los intentos de crear una «identidad europea» que sustituya a las identidades nacionales dista de ser un éxito. Los europeos se siguen identificando con sus símbolos nacionales —la bandera, el himno, etc.— antes que con los de la Unión. La bandera azul estrellada evoca más sentimientos en Ucrania, Bielorrusia o Georgia que en las capitales europeas. Las identidades nacionales siguen siendo muy importantes para los europeos. En 2021, el Eurobarómetro publicaba un estudio sobre valores e identidades de los ciudadanos de la Unión y señalaba que los dos valores más importantes para ellos son la familia (81%) y la identidad nacional (73%).
En este sentido, hay un peligro de sovietización de la Unión, es decir, de construcción de un edificio político, jurídico y burocrático al que, de hecho, nadie siente que pertenece por completo. Esto no significa que quieran su desaparición —el referéndum sobre la URSS de 17 de marzo de 1991 arrojó que un 76% de los ciudadanos soviéticos quería mantenerla— pero sí que las identidades y las soberanías nacionales importan.
