En España, se detecta un preocupante fenómeno social y política, que no ha sido analizado como Dios manda. Se trata de un suceso recurrente: las agresiones de los jóvenes rebeldes (es un decir) contra los policías, los encargados de mantener el orden público. Ciertas manifestaciones tumultuosas, como los “botellones”, se realizan una y otra vez, alterando la tranquilidad ciudadana, sin que los policías puedan con ellas. Es más, se produce ese paradójico resultado de que son los uniformados los que resultan agredidos.
Generalmente, se acepta la definición del Estado contemporáneo como la organización política en la que se impone, racionalmente, el “monopolio de la violencia legítima”. Es decir, Nadie más que los representantes del Estado (fundamentalmente, jueces y policías) tienen la facultad de imponerse por la fuerza a la amenaza del desorden y la delincuencia. Como es natural, la utilización de tal potestad por las “fuerzas del orden público” (en España, “fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”) debe ejercitarse con todo cuidado. Antes de recurrir al uso de las armas de fuego, están los mecanismos de disuasión. Se pueden citar la mera presencia de la policía desplegada, la detención de los individuos peligrosos, el uso de las porras, del agua a presión u otros medios disuasivos. El problema es que la autoridad política ordena a la policía que se abstenga de los recursos de disuasión más efectivos. Este es el momento para que se produzca la agresión a los policías por parte de los elementos rebeldes o subversivos. Es evidente que la paradójica situación tiene que conducir a que los agentes del orden se desmoralicen. No es bueno tal resultado.
La quiebra del Estado no es una pura especulación teórica o doctrinal. Es algo que explica la situación real de muchas personas desasistidas en sus derechos
Por encima de los sucesos de rebeldía, lo mollar es que se produce una especie de ausencia o vacío del Estado. No habrá que asombrarse, pues, de que menudeen ciertos delitos, prácticamente, impunes. Es el caso de la “okupación” de viviendas, por lo general, modestas. Al igual que en el caso de agresión a los policías, los jóvenes levantiscos entienden que están en su derecho de llevar a cabo todas esas “hazañas” vandálicas. Tanto es así que la quiebra del Estado no es una pura especulación teórica o doctrinal. Es algo que explica la situación real de muchas personas desasistidas en sus derechos, cuando precisan la ayuda o protección públicas- Considérese el caso reciente de la erupción del volcán de la isla de La Palma. Ha pasado más de un mes desde los inicios del desastre y ninguna de las familias afectadas ha recibido un duro de las ayudas del Gobierno de España o de la Comunidad Europea.
