La política exterior suele castigar menos la maldad que la ligereza. Una frase mal colocada, una descripción geográfica lanzada sin rigor o una concesión verbal hecha para complacer a un aliado pueden producir más daño que un largo discurso hostil. Eso es lo que ha ocurrido con la metedura de pata de Mario Díaz-Balart al situar a Ceuta y Melilla, de manera directa o indirecta, bajo una lectura favorable a Rabat. La impresión que deja no es la de un político mal informado: es la de un representante estadounidense dispuesto a tratar la soberanía española como si fuera una ficha menor en el tablero de sus conveniencias diplomáticas.
Conviene ser cuidadosos con las causas. Se puede sospechar que determinadas simpatías, contactos o intereses políticos y comerciales con Marruecos hayan influido en el tono de sus palabras, pero una sospecha no es una prueba. Lo verificable es suficiente para el reproche: Díaz-Balart, figura influyente en el Congreso de Estados Unidos y cercano a los circuitos que gestionan fondos para la diplomacia y la seguridad exterior, ha elegido formular una cuestión delicadísima de un modo que erosiona la posición de un aliado histórico como España. Y cuando un político con peso presupuestario habla así, sus palabras no se evaporan; circulan, se interpretan, se celebran en unos despachos y se temen o encienden rencillas en otros.
El daño principal no está en que el congresista y Marruecos reivindiquen Ceuta y Melilla. Rabat lo ha hecho durante décadas y lo seguirá haciendo mientras esa reivindicación le resulte útil como instrumento de presión diplomática, migratoria o simbólica. El problema es que un congresista norteamericano, que debería distinguir entre geografía física y soberanía jurídica, haya contribuido a blanquear una tesis expansionista con apariencia de sentido común. Decir que Ceuta y Melilla están en África es una obviedad; insinuar por ello que pertenecen a Marruecos es una falacia. También Gibraltar está en la península ibérica y nadie serio confunde la ubicación con el título soberano.
La historia real resulta incómoda para quienes reducen el mundo a mapas coloreados. Melilla fue incorporada a la Corona de Castilla en 1497, en tiempos de los Reyes Católicos, cuando el actual Estado marroquí, nacido en 1956 tras el fin de los protectorados francés y español, no existía como sujeto soberano contemporáneo. Ceuta, por su parte, fue conquistada por Portugal en 1415. Durante la Unión Ibérica pasó a la órbita de la Monarquía Hispánica y, tras la restauración de la independencia portuguesa, permaneció vinculada a España. El Tratado de Lisboa de 1668 consolidó esa situación al reconocer que Ceuta quedaba en manos españolas. No estamos, por tanto, ante una ocurrencia administrativa del siglo XX ni ante una reliquia colonial comparable a los territorios africanos repartidos en la fiebre imperial europea.
Tampoco puede olvidarse que Ceuta y Melilla no formaron parte del Protectorado español en Marruecos. Cuando ese régimen terminó y Marruecos alcanzó su independencia, ambas ciudades ya eran españolas desde hacía siglos y siguieron integradas en el Estado español. Hoy son ciudades autónomas, con instituciones propias, representación parlamentaria y ciudadanos españoles de pleno derecho. Su pertenencia a España no depende de una nota al pie, ni de una moda descolonizadora mal aplicada, ni de la incomodidad que provoque su posición en el mapa. Depende de una continuidad histórica, jurídica y política que no desaparece porque a un congresista le convenga mirar hacia otro lado.
La mala impresión se agrava por el contexto. En Washington, las palabras rara vez son inocentes cuando se pronuncian desde puestos capaces de influir en presupuestos, alianzas y prioridades militares. Marruecos ha sabido cultivar apoyos en Estados Unidos, especialmente tras el reconocimiento estadounidense de su posición sobre el Sáhara Occidental durante la primera Administración Trump. España, por su parte, ha vivido roces con Washington en materia de defensa, gasto militar y política hacia Oriente Medio. En ese ambiente, una frase sobre Ceuta y Melilla no parece una simple confusión de aula escolar, más bien una señal política susceptible de ser explotada por Rabat.
A Díaz-Balart le perjudica, además, la compañía retórica de quienes, desde las redes sociales, pretenden dar lecciones de historia con la solvencia de un eslogan, los payasos del espectáculo mediocre. La ignorancia organizada es hoy una fuerza política: repite mapas, consigna agravios, mezcla medias verdades y convierte cualquier matiz en traición. A ese ruido se suman a veces voces recién recicladas desde La Habana en conjunto con los laboratorios ideológicos de la nueva izquierda norteamericana, que no enriquecen el debate sino que lo empobrecen hasta agrisarlo y agriarlo. Pero precisamente por eso un político experimentado debería ser más prudente, no menos. Su obligación no es dejarse llevar por la espuma digital, por el contrario separar propaganda de derecho, geografía de soberanía e interés coyuntural de lealtad estratégica.
España también debe extraer una lección. La soberanía no se defiende con comunicados indignados cuando otro la cuestiona; se defiende con pedagogía constante, presencia diplomática, relaciones sólidas y verdad histórica bien transmitida. Si muchos ciudadanos extranjeros pueden ser convencidos de que Ceuta y Melilla son anomalías coloniales, es porque sucesivos gobiernos de España han dejado demasiado espacio a relatos ajenos. La firmeza no exige estridencia, pero sí claridad. No basta con decir que ambas ciudades son tan españolas como cualquier otra: hay que explicar por qué, desde cuándo y con qué títulos históricos y jurídicos.
La torpeza de Díaz-Balart queda así como algo más que una frase desafortunada. Es una advertencia sobre la fragilidad de las alianzas cuando se subordinan a cálculos de corto plazo. Estados Unidos puede tener una relación estrecha con Marruecos, y España puede discrepar de Washington en asuntos concretos; nada de eso autoriza a poner en duda, aunque sea por insinuación, la integridad territorial de un aliado democrático. Si cada desacuerdo diplomático abriera la puerta a cuestionar fronteras consolidadas, la política internacional se convertiría en una subasta de agravios.
Ceuta y Melilla son españolas definitivamente no por capricho, sino por historia, continuidad y derecho. Quien ignore eso puede cometer un error; quien lo ignore desde una posición de poder comete una irresponsabilidad. Díaz-Balart ha dado una mala impresión porque ha parecido confundir la diplomacia con el guiño interesado y la geografía con la soberanía. En tiempos de propaganda rápida y neuronas agrisadas por la consigna, recordar la historia real no es un lujo erudito: es una necesidad política.
