Ya lo decía el historiador romano Tito Livio: “Ninguna ley puede contentar a todos”. Y en este caso, el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) no está exento de esta sentencia. Por eso hay que explicar las razones que han llevado al Gobierno de España a elaborarla.
Hablamos de una medida adelantada en la Estrategia Española de Política Económica 2012 cuyo objetivo es aportar más competencia y flexibilidad a la economía, ayudar a contener los márgenes y costes empresariales, mejorar la calidad de los factores productivos y facilitar la asignación de recursos hacia los sectores más competitivos. Además, responde a una recomendación que diversos organismos internacionales han hecho a nuestro país para garantizar incrementos de competitividad y crecimiento, como así lo aseguran el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como la adaptación a la Ley Ómnibus.
En cuanto a los beneficios económicos, la norma impulsará la competitividad y la calidad en los servicios profesionales, que representan casi el 9 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto, el 6 por ciento del empleo total y el 30 por ciento del empleo universitario. Si a esto le añadimos que las estimaciones de crecimiento económico a medio y largo plazo se elevarán en 7.000 millones y que la liberación tendrá efectos positivos sobre el conjunto de la economía adicional del PIB entre 0.5 y 1 puntos porcentuales, entenderán que como portavoz de Desarrollo e Innovación en la Comisión de Economía y Competitividad del Senado la califique como necesaria.
La LSCP pretende eliminar obstáculos al acceso y ejercicio de la actividad en un número elevado de actividades profesionales, trabas que una vez superadas acabarán redundando en un incremento de la economía española y de la generación de empleo.
Una divulgación en Internet no oficial sobre este Anteproyecto suscitó una serie de reacciones críticas que nos preocuparon y nos llevó a crear en el Senado una comisión ad hoc para dar a conocer el texto real a los diferentes colectivos y colegios profesionales. Fruto de estos encuentros, elaboramos un sumario con ideas y reflexiones que hemos puesto a disposición del Ministerio de Economía porque entendemos que este sector es relevante, importante y dinamizador de la economía y por tanto era necesario recoger sus peticiones y adaptarse a las directivas europeas de obligado cumplimiento.
Si algo hemos dejado patente durante estos encuentros es que la regulación actual era susceptible de mejora, aunque los colegios profesionales están realizando una magnífica labor. De todas formas, el Ejecutivo Central se ha marcado cuatro grandes objetivos que pasan por mejorar la regulación de los servicios profesionales, por garantizar la unidad de mercado en la prestación de servicios profesionales, por modernizar la normativa de los colegios profesionales, y por adaptar la normativa sectorial a la reforma de los servicios profesionales.
En el Senado hemos estado siempre a favor del consenso y así lo atestiguan las numerosas reuniones, comparecencias así como la aprobación de una moción en la que se pedía al Gobierno mantener el diálogo con las representaciones profesionales españolas para lograr un acuerdo básico en esta futura ley.
Fruto de este trabajo conjunto, el Ministerio de Economía y Competitividad y el informa del Consejo del Estado introdujo algunos cambios para dar respuesta a estas demandas que pasan por reducir la capacidad de intervención del Gobierno en los Colegios y en sus órganos de gestión, donde se deja claro la garantía de libre competencia como por ejemplo con los seguros de responsabilidad civil de los colegios profesionales.
El objetivo final de este Gobierno es fijar un nuevo marco adaptado a la Europa a la que pertenecemos para un sector a coste cero para el Estado, que son corporaciones de derecho público, que es uno de los principales motores del crecimiento y que da garantía jurídica y responsabilidad civil difícilmente sustituible
De ahí la importancia de una ley que precisa del máximo consenso social y profesional para el correcto funcionamiento de nuestra economía.
