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El Ministerio del Interior prepara una reforma legal que sancionará a partir de ahora numerosos comportamientos incívicos relacionados con el orden público para quienes participen en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores, insulten a un policía y hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios, entre otras medidas. El proyecto que Jorge Fernández Díaz llevará al Consejo de Ministros el próximo viernes incluirá como infracciones administrativas todas las faltas que se eliminaron en la reforma del Código Penal por no ser consideradas como delito.
Esta ley pretende acabar con la impunidad de algunas de estas conductas que, pese a los intentos del Gobierno, no han merecido ningún reproche penal por parte de los jueces. Y es que, querámoslo o no, el problema de la delincuencia, en general, está en España mucho más relacionado con las carencias de nuestro sistema de administración de Justicia que con una hipotética falta de recursos humanos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El departamento que dirige Fernández Díaz quiere sustituir antes del próximo verano la Ley Corcuera, de 1992, por una mucho más contundente en la persecución de conductas incívicas. El proceso no será sencillo, porque el articulado y el régimen sancionador del anteproyecto que maneja Interior fija multas muy elevadas para infracciones relacionadas con los derechos de reunión y manifestación en un momento de máxima tensión en las calles. Frente al buenismo progresista, que trata de trasladar a la sociedad la culpa del delincuente, el anteproyecto de Interior pretende utilizar todos los recursos del Estado en favor de una de sus principales obligaciones, como es la de preservar la seguridad ciudadana. Una norma necesaria que para la que será difícil que el PP consiga el respaldo de las formaciones de izquierdas, que ya han manifestado su desaprobación.