Una mera cata de las cosas que se han dicho y escrito sobre la ley Wert induce sin remedio a la melancolía. A ese hastío que tantos españoles sintieron a lo largo de la Historia. A la tentación de tomar un tren y desaparecer de esta tierra bendecida de dones y alegría, y maldita de tontos y mendaces. La mayor tragedia de la España democrática ha sido el empobrecimiento intelectual de la izquierda, paralela a la caída en picado de la calidad de los profesores españoles, desde la escuela primaria a la universidad. Si es que no son causa la una de la otra, en la medida en que han sido las leyes de la izquierda (LRU, LAU, LOGSE, LOE…) las que han exterminado los que fueron magníficos cuerpos de profesores en los días malvados y reaccionarios de las oposiciones llamadas libres, aquellas en las que había que saber y no existían interinos protegidos ni candidatos cooptados por los departamentos. Atender hoy a lo que dicen sobre la ley Wert los profesionales de la enseñanza en chándal (que no son todos, no lo olvidemos) y, sobre todo, sus supuestos representantes, los sindicatos, esa vergüenza española cuya metáfora son los ERE, lleva otra vez a una suerte de 98 en versión zoquete, una pérdida del pulso nacional a la que ya no podría reflejar ni el esperpento valleinclanesco.
Dicho esto, yo disiento, y mucho, de la ley Wert y, en general, de la política de su ministerio. De todo lo que no se ha abordado, de lo que se deja intacto: la primaria, que es la clave de bóveda del sistema y en la que se siembran todos los desfallecimientos posteriores; la formación de los maestros en esas facultades de Educación donde han tomado cuerpo y dogma todas las tonterías que nos han arruinado; el mantenimiento de un bachillerato que sigue siendo bachillerito, en lugar de haberse ido al menos a cuatro años; la reducción jíbara de las licenciaturas en grados, que deberían llamarse degrados, con la inmensa estafa de los cuatrimestres, el auténtico milagro español por el que cuatro meses se convierten en dos y medio (con suerte); la atribución del máster de secundaria a los pedagogos que la destruyeron, para que ya no quede nada sin su control y doctrina; la perpetuación de la universidad como la única institución del Estado sin control externo; la no restauración de los cuerpos nacionales de profesores, poniendo coto así al desbarajuste autonómico; y, por encima de todo, el mantenimiento del lenguaje melifluo y falsario de las burocracias de la corrección pedagógica, y, con ello, del paradigma de las competencias –el nuevo retablo de las maravillas o traje del emperador, como prefieran–, instaurado para arrasar toda sombra de conocimiento, el placer de la cultura, el regocijo del saber, convertidos en talleres y tornillería intelectual. En fin, habrá que esperar a leer los nuevos programas para ver si se puede volver a estudiar algo en España o todo seguirán siendo capacidades y competencias.
Pero la corona de este edificio de ausencias, que augura un fin anunciado, es el retraso en el calendario de su aplicación. Si llega el pentapartito social-nacionalista, le bastará con un decreto (eliminar las reválidas y la estructura de 4º de la ESO) para cargarse el corazón de la reforma. Otra LOCE-muesca para el historial derogatorio de la izquierda. Y una cuestión final, inconcebible en un ministro que llegó a usar, y con razón, el término españolizar. Me refiero a la situación de la lengua española en las regiones bilingües y a la redacción salida del Senado. Dice que las administraciones podrán organizar “sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en lengua castellana, en lengua cooficial o en alguna lengua extranjera, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que ‘se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales’”. La redacción final no es sólo un atentado contra la gramática, sino un ambiguo escondrijo trampa que sanciona, en una ley del Estado, “que las asignaturas no lingüísticas” puedan impartirse “exclusivamente” en la lengua cooficial; es decir, la inmersión, aunque no la nombren así. Al recogerla en la ley, la normalizan, ese término tan querido para los nacionalistas inmersores, que se piensan pasar la alternativa por donde todos sabemos.
Por lo demás, resulta de difícil comprensión la falta de respuestas del Ministerio y del Gobierno a las consignas contra la LOMCE, atribuyéndole cosas que revelan que sus detractores ni siquiera se la han leído. O que, directamente, mienten, y lo saben, lo que en nada sorprende. Sólo les falta decir que lo que persigue Wert es hundir España para quedarse él solo haciéndole encuestas a la nada.
No es la LOMCE la ley que esperábamos, la que tendría que haber desmontado estos veinte años de errores malintencionados que tan profundamente se han insertado en el sistema, y que por eso hacían necesaria una verdadera Nueva Planta. Será la segunda vez –otro motivo para la melancolía– que el PP desaprovecha una mayoría absoluta para cambiar de raíz la enseñanza española. Y aun así, que esta LOMCE se aplique es vital. Sus novedades (las reválidas, las troncales, la FP básica…) podrían dar aceptables resultados si, como corolario, se cambia de raíz el sistema de acceso a la enseñanza, actualmente en manos de los sindicatos y los departamentos universitarios. Normandía ni siquiera ha empezado.
*Javier Orrico es escritor
