Ante el aumento del peso de las exportaciones de cava y la caída del mercado nacional, Freixenet planteó a sus accionistas la necesidad de construir un nuevo centro logístico mucho más moderno y grande que el actual, ubicado junto a las cavas que la compañía tiene en Sant Sadurní d’Anoia, en Barcelona. Ahora, el miedo de la bodega al proceso secesionista auspiciado por Convergència y ERC para Cataluña ha paralizado este proyecto que preveía una inversión de 30 millones de euros. La razón es obvia: el primer fabricante mundial de cava teme que una declaración unilateral de independencia por parte del Parlament suponga la salida de Cataluña de la Unión Europea y, en consecuencia, una traba para las exportaciones que hace la compañía, que actualmente ya suponen el 80 por ciento de su facturación.
De esta manera el empresariado catalán empieza, al fin, a reaccionar mediante la toma de decisiones al órdago independentista lanzado por el presidente de la Generalidad, Artur Mas. Si José Manuel Lara, propietario del grupo Planeta, fue el primer peso pesado del mundo empresarial catalán en mostrar abiertamente su rechazo, ahora es Freixenet la primera gran empresa en pasar a la acción. Lo que hace un año eran simples amenazas -”Si Cataluña se independiza, Planeta se irá a Zaragoza, Madrid o Cuenca”, dijo Lara, ahora son hechos. El seny del empresariado catalán viene a poner un poco de sentido común mostrando por la vía de los hechos el rechazo a una deriva que no sólo amenaza con romper España de forma unilateral y totalmente ilegítima, sino que, de llegar a culminarse, acabaría devastando la ya de por sí depauperada economía catalana.
El nacionalismo atenta directamente contra los derechos inalienables de individuos y empresas. Normal, pues, que la escalada independentista de Mas y compañía sea vista con “enorme preocupación” por los grandes empresarios y las multinacionales. El nacionalismo pretende expulsar a los catalanes de España y de la propia Unión Europea, lo cual se traduciría en nuevas barreras artificiales al comercio mediante la instauración de aranceles, el abandono del euro y la intensificación de trabas administrativas de todo tipo. La secesión significaría, simple y llanamente, menos competitividad empresarial y, por tanto, menos riqueza y empleo en Cataluña. La tragedia para los catalanes sería aún peor si el proceso independentista quedara en manos de la ultraizquierda local, seguramente bien dispuesta a las nacionalizaciones y la adopción de políticas autárquicas. Los empresarios lo saben. Por ello han decidido acabar con las contemplaciones y pasar a pronunciarse con claridad y rotundidad. Para que todo el mundo sepa a qué atenerse y qué es lo que está en juego.
