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Los ocho Mossos d’Esquadra imputados por la muerte del empresario del Gayxample, Juan Andrés Benítez, acudieron ayer a la Ciudad de la Justicia para declarar ante la juez Eva Moltó, que investiga el caso Raval. Todos como una sola voz, reiteraron que la agresión de Benítez a una mossa propició que usaran la fuerza contra él. El caso, rodeado de numerosas interrogantes, ha puesto de nuevo en cuestión la actuación de la policía autonómica catalana. Al margen de lo que acabe deparando la investigación judicial, lo cierto es que los responsables de los Mossos d’Esquadra mantienen la versión inicial, bajo la sospecha razonable de haber incurrido en falsedad a la hora de explicar lo ocurrido.
La versión oficial de la detención, donde se afirma que el propio detenido se había golpeado la cabeza contra la pared, y la ofrecida ayer por los agentes interrogados no concuerdan en absoluto con las imágenes que muestran los vídeos grabados por los vecinos, en los que puede verse con claridad la evolución de los acontecimientos. La juez que investiga los hechos considera veraz la versión de los testigos que declararon de manera “serena, verosímil, rotunda y sin el menor atisbo de animadversión contra los agentes”, porque contrariamente a lo que se especificaba en el atestado, las imágenes muestran que el detenido fue reducido con violencia, sin que portara armas y ya finalizada la pelea protagonizada con otro ciudadano.
El incidente no tendría mayores consecuencias que las de un error policial, de no ser por el largo historial que ya acumula la policía autonómica catalana de casos de abuso de la fuerza que han sido negados al principio y luego corroborados por la investigación judicial. Algo no funciona como debiera en un cuerpo policial que con tanta frecuencia es acusado de aplicar de forma desmedida el uso de la fuerza. Un problema que no exclusivo de los Mossos, pero cuya reiteración sí que es objeto de controversia, lo que denota que algo está fallando en la dirección del cuerpo a la hora de garantizar el necesario autocontrol.
Tampoco ayuda mucho la forma en que los responsables políticos han afrontado estos casos, con una concepción prepotente y autoritaria de la función policial y faltando al principio de veracidad que les es exigible, incluso incurriendo en una inaceptable falta de colaboración con la justicia. Bastó la aparición de un informe elaborado por la Policía Nacional a petición de la juez del caso para que el conseller de Interior, Ramón Espadaler, saliera el día de Todos los Santos a dar la cara por sus agentes y a teorizar sobre la falta de credibilidad de la «policía estatal». El caso va a traer cola y debería servir para de una vez por todas poner fin a las malas prácticas policiales.
