Las últimas incorporaciones al Tribunal Constitucional han servido en bandeja el titular a la mayoría de medios de comunicación, perfectamente sintonizados con ese maniqueísmo que oscila entre el progresismo y el conservadurismo. Aunque Juan Carlos Campo –ex ministro de Justicia- y Laura Díez Bueso -ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia-, deberán abstenerse en determinados asuntos, dada su más que evidente conexión con el actual Gobierno, el sanchismo se ha apuntado un tanto que sus terminales mediáticas tratan de apuntalar desvelando los vínculos de otros jueces integrados en el TC con el conservadurismo.
Son innumerables los españoles que asienten beatíficamente ante decisiones que abundan en la desigualdad entre españoles
Sea como fuere, el Tribunal Constitucional se tiñe de un progresismo capaz de encubrir el polvo del camino que, según Conde Pumpido, debe impregnar unas capas que aspiran constituirse en una suerte de clerecía judicial, convertida en última instancia política, en coherencia con el llamado Estado de derecho. Sin embargo, pese a esta aspiración, el gremio de los togados está dividido en dos bloques unidos por intereses ideológicos, económicos e incluso personales, que determinan muchas de sus decisiones. En cualquier caso, a este necesariamente heterogéneo colectivo le corresponde interpretar nada menos que la actual Constitución española, redactada, en algunos de sus pasajes o artículos más trascendentales, con una deliberada ambigüedad que requiere del concurso de un colectivo de exégetas.
Al nuevo tribunal le corresponderá dar o retirar su nihil obstat a las reformas aparejadas a la ya anunciada por el mismísimo Campo, apertura de un proceso constituyente que, como ocurriera con el actual, se elaborará en discretos salones. Emparejado con uno de los principales peones del PSC en Madrid, Meritxel Batet, Campo, liberado ya de la elaboración de los indultos que han agraciado a los golpistas condenados, podrá trabajar desde dentro del Tribunal Constitucional a favor de sentencias que serán calificadas de progresistas, pues son innumerables los españoles que asienten beatíficamente ante decisiones que abundan en la desigualdad entre españoles y, en último caso, en el proyecto de balcanización de nuestra nación, siempre que este se lleva a cabo bajo el amparo europeo.
Continuamos inmersos en una nueva fase de la política española abierta el 11 de marzo de 2004
Alimentadas por una aplastante carga reaccionaria, muchas de las cuestiones –aborto, eutanasia, secesión…– sobre las que deberá pronunciarse el renovado tribunal van ligadas a una suerte de telos bendecido por la vitola progresista. Así, no es difícil adivinar que las decisiones, muchas de ellas postergadas durante años, que se tomarán en este nuevo tiempo, irán en sintonía con la ideología dominante: ese progresismo a menudo carente de parámetros.
Entramos o, por mejor decir, continuamos inmersos en una nueva fase de la política española abierta el 11 de marzo de 2004. Sin embargo, y puesto que el futuro, al contrario que algunas de las predecibles sentencias, no está escrito, si en Atocha no fueron las togas quienes operaron el cambio –-muy al contrario, fueron estas quienes lo avalaron–, acaso tampoco sean los trajes talares quienes cierren este proceso.
