Eso digo yo, como los sioux: «Mi no comprender». Juanma Moreno Bonilla ha creado una oficina de expresidentes de la Junta de Andalucía precisamente ahora. Tengo bastantes amigos del PP y en las redes sociales me siguen algunos cargos orgánicos o electos, incluyendo al propio Moreno Bonilla, que demuestran, como poco, tener una paciencia admirable, que les agradezco de corazón. He preguntado qué aportará al bien común o al interés público esta oficina de ex presidentes andaluces. Salvo una tímida sugerencia, que comentaré después, nadie me ha sabido contestar.
Sí se sabe bien su coste anual, que será de 223.843,78 euros, y que pondrá al servicio del expresidente un asesor de nivel 30, una oficina, preferentemente en el Palacio de San Telmo, un coche oficial y dos chóferes. Ea. Como la cosa viene tras una subida de sueldo efectiva para el presidente de la Junta, la sensación es la de un Juan Palomo como una casa o, mejor dicho, como un palomar.
Quizá no, y por eso estoy preguntando, sin éxito. Con todo, la primera crítica puedo hacerla ya en firme. Imaginemos que hubiese una justificación suficiente para esa oficina, vale, pero el hecho de que no la conozcamos es, en sí mismo, una torpeza política de primera magnitud. No sólo en estos tiempos, sino desde los de la mujer del César, resulta importantísimo que también las medidas no sólo sean honradas, sino que lo parezcan. Las instituciones se desgastan por la incomprensión de la opinión pública y el desprecio a dar razón de sus decisiones.
Un segundo escalón de crítica son estos tiempos. ¿Justo ahora? Transmite cierto conchaveo con el PSOE. La oficina de ex presidentes, hoy por hoy, sólo beneficiará a Susana Díaz, porque los otros ex presidentes han superado la edad de 75 años, que es el límite máximo para aprovecharla; pero beneficia a Susana y transmite, además, un estado de comprensión y colaboración máxima entre el PP y el PSOE. En la gestión de la Junta, hay una amnistía líquida a los ERES y demás chanchullos que contribuye subrepticiamente a la sensación de que en España todo el monte es orégano. Diríamos, si me permiten ustedes el leve cinismo como única defensa que nos queda, que esta actitud reafirma un «estado de normalidad democrática». El problema es bífido: no estamos viendo en un Estado de normalidad democrática y, dos, esa normalidad lo es en cuanto que parece normal en democracia que las élites extractivas se repartan el dinero del contribuyente.
Pongamos que esta medida era insoslayable, por las razones que fuesen. ¿No podría haber esperado la Junta a que se despejase la zozobra constitucional y el vapuleo al Estado de Derecho? ¿No han sopesado meter en el congelador todas las relaciones directas o indirectas con el PSOE hasta que este partido vuelva —si vuelve— a la senda constitucional?
El tercer escalón de mi crítica es el que todavía es susceptible de una buena explicación política. ¿Qué necesidad objetiva hay de una oficina de ex presidentes? ¿Por qué hay que institucionalizar unos privilegios? Como decía, me apunta un amigo, muy amablemente, que contribuye a dar empaque institucional a la Junta de Andalucía. Esto es, «a crear país». Y eso lo entiendo, aunque no sé si es peor el entendimiento que la perplejidad. ¿Qué falta nos hace «crear país»? ¿Qué gana con el empaque autonómico el contribuyente, el ciudadano, el andaluz de a pie?
