Creo que las conclusiones que deberían extraerse del reciente escándalo del ex presidente de la Generalidad Catalana son varias y cada una de ellas tiene un punto de gravedad diferente, pues la cuestión afecta no solo a la familia Pujol-Ferrusola, sino también a una de las regiones más industriosas y prósperas de España y su dudosa moralidad colectiva, al igual que a la profunda grieta en el entramado político nacional que abre este expediente sobre la validez y rectitud del actual sistema de gobierno.
Es grave que un político en activo tenga fondos sin declarar en el extranjero, sobre todo si se trata de un hombre que se refugiaba en el nacionalismo como coartada, pero al fin y al cabo estaríamos hablando de un delito, más o menos grave, de tipo fiscal al que le corresponden los debidos correctivos económicos o penales según el caso. Ni que decir tiene que si hubiera declarado dichas inversiones estaríamos hablando de algo totalmente legal, aunque para alguien que presume de catalanidad extrema resulta paradójico que no confiara en ese paraíso nacional del que habla. Digamos que tiene un plus de sarcasmo.
Más grave es que esa fortuna la haya hecho a costa de la política, practicando la más desvergonzada corrupción, aprovechando su posición de nada menos que Presidente de la Generalidad, lo que evidencia el mecanismo de soborno más rampante entre una gran parte de la clase económica catalán y el poder político local, colaboradores necesarios de esta trama.
Pero lo más grave de todo, con diferencia, es la tolerancia de semejantes prácticas que los sucesivos gobiernos centrales han, no solo tolerado, sino rubricado con su inacción y colaboración, frenando a la judicatura para conseguir el apoyo del chantajista Pujol y sus privilegiados votos a la hora de gobernar el conjunto nacional. Es decir se ha impuesto la impunidad a cambio de votos. Desde la quiebra fraudulenta de banca Catalana hasta el presente a esta mafia se la ha encubierto y protegido, no es de extrañar que se envalentonaran. Esto es lo más grave ya que pone en solfa todo el sistema político y su honestidad, es el hoy por ti mañana por mí y todo a cambio de un voto. Esto desprestigia a cualquier forma de gobierno democrático y abre la puerta a demagogos. Es imprescindible que se ahonde en esta ruptura del compromiso entre todo gobierno y sus ciudadanos. No nos olvidemos que no solo son los votos los que definen a una democracia real, de hecho, lo primero que la define es el estado de derecho: el imperio de la ley igual para todos, y el respeto a derechos inalienables de las minorías, luego vendría la división de poderes y en tercer lugar el sufragio. En el caso Pujol – Cataluña, el sistema español ha fracasado estrepitosamente: el sistema jurídico no ha funcionado correctamente, al no aplicarse la ley a unos delincuentes, con absoluto conocimiento de las autoridades, y la evidente falta de independencia judicial, amordazada por los gobiernos sucesivos, sacrificada a unos intereses electorales.