El quilombo del hantavirus ha deslucido las celebraciones del Día de Europa. Este año, echando sal en la herida, la efeméride es doble. Conmemoramos, como cada 9 de mayo, la Declaración Schuman de 1950, que condujo a la creación de la CECA y, además, el 40.º aniversario de la adhesión de España y Portugal a la entonces CEE. En prensa, los fastos han quedado reducidos a alguna tribuna-publirreportaje aquí o a un lisérgico artículo de opinión allá. La nueva crisis-espectáculo sanitaria ha obligado a las portadas informativas a arrinconar también la última jornada del «caso mascarillas» y la muerte de dos guardias civiles en Huelva en una operación contra el narco.
Respecto al Día de Europa, algunas cabeceras pretenden que sigamos comulgando con ruedas de molino. La idea de una Unión Europea como fuerza de progreso y garante de la democracia liberal se repite con el entusiasmo de la primera vez, sin importar la tozuda realidad. Así, la cesión de competencias se vende como una ampliación de la capacidad estratégica, o la de soberanía como una integración en la «gobernanza» supranacional. La prueba de que el mensaje cala es que una gran mayoría de españoles todavía piensa aquello de «esto no lo permitirá Europa —¡viva Europa!—» ante, qué sé yo, la bolivarización de nuestro país o la alteración del censo electoral por la vía de las nacionalizaciones y regularizaciones masivas. Y cuando algo sale mal, cuando a «Europa» le importa un ardite la unidad de España o su democracia, tiramos de antivonderleyenismo primario. Las terminales mediáticas conservadoras patrias crearon el prototipo, el antisanchismo primario, para que no reparáramos en que su negociado es el mismo que el de los socialistas.
La Unión Europea se parece más a una estructura tecnocrática posnacional, hostil a las soberanías históricas y legitimada por un discurso moral y jurídico que se presenta como neutral, racional y desideologizado. Y, por tanto, incuestionable. Sin embargo, la UE no se construyó como un proyecto político o democrático, sino como un sistema de normas jurídicas progresivamente superiores a las soberanías nacionales. De este entramado normativo los Estados no pueden salir fácilmente, y mucho menos los ciudadanos. Ahí tenemos, si no, a la Comisión Europea, que no surge de un mandato popular directo y, sin embargo, posee el monopolio de la iniciativa legislativa.
El Derecho de la Unión Europea prevalece sobre leyes y constituciones nacionales y sobre la soberanía popular. Cualquier oposición a una norma europea puede ser presentada como ataque al «Estado de derecho». Cuando Juncker dijo aquello de que «No puede haber democracia contra los tratados europeos», jurídicamente soltaba «factos». Jean Monnet comprendió que dominar Europa exigía dominar el Derecho. Los verdaderos arquitectos de Europa no son los políticos que conocemos, sino juristas capaces de transformar los Estados mediante jurisprudencia y de presentar opciones ideológicas como neutralidad técnica. Desde los años 50, el proyecto es concebido como un Estado federal, con una Corte Suprema europea y contando con la subordinación de las soberanías nacionales. Como una revolución silenciosa, gradual y jurídica, «una revolución de la que casi nadie tiene conciencia», en palabras de Robert Lecourt. Una revolución que transforme las sociedades, las identidades y las conciencias mediante el Derecho.
En la práctica, todo esto significa que cuestiones esenciales de política económica, industrial, monetaria o energética quedan subordinadas a estructuras alejadas de los ciudadanos y difícilmente reversibles mediante elecciones.
La Unión Europea, cuyo Día (no) celebramos el 9 de mayo, sería algo así como la versión burocrática y posnacional del viejo occidentalismo universal. Desconectada de los pueblos, pero persuadida de representar la «civilización». No es la «Europa de naciones», sino un superestado centralizado. No es una cooperación flexible entre pueblos o un equilibrio geopolítico, sino un aparato eminentemente legislativo y federalizante que favorece la dependencia económica e impide la reindustrialización.
Hablando de organizaciones supranacionales de las que es buena idea pensar en tomar distancia, la OMS lleva tiempo bien posicionada. Su director general, el exterrorista Tedros Adhanom Ghebreyesus, dirigió el pasado 9 de mayo —Día de Europa, ¿lo he dicho ya?— una carta a los canarios en X. En ella hablaba de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de permitir el fondeo del crucero con infectados por hantavirus como «un acto de solidaridad y deber moral». Àngels Barceló, por su parte, desde la Cadena SER, llamó «mezquinos» a los que se oponían. «Me da vergüenza tanta mezquindad». Pero Tedros continuaba con su verborrea, difuminando, como tinta de calamar, los contornos de la obligación moral y la legal: «la solicitud de la OMS a España no fue arbitraria. Se realizó en pleno cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, el marco jurídicamente vinculante que define los derechos y obligaciones de los países y de la OMS cuando responden a eventos de salud pública de importancia internacional. Según esas normas, debe identificarse el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad de quienes están a bordo. Tenerife cumplió ese criterio y España lo honró».
Nueve países de la costa occidental de África —en África conocen bien a Tedros— se negaron al desembarco. Incluso una satrapía del norte del continente tuvo más dignidad que nosotros.
Hay que ir pensando en abandonar este tipo de organizaciones supranacionales donde somos poco más que la alfombrilla de la ducha. Además de la alfombra roja para la colocación de nuestros negligentes mandarines. El futuro en ellas tampoco es difícil de adivinar. Cada vez es menos distópico pensar que no nos espera nada muy diferente a ser pasto de la patocracia. Gobernados por una clase política delirante y gestionados por Palantir.
