Existen elementos para entender y reaccionar ante las intenciones y una conducta criminal de denegación de ayuda por parte del Gobierno de Sánchez al pueblo español en Levante y la Mancha, sumido, como está, en la tragedia, en trauma, en angustiosa necesidad y agonía.
La ineptitud, la corrupción, el absentismo y el abuso, promovidos todos ellos por el Gobierno de Pedro Sánchez, han llegado a tal punto tras seis años bajo el poder de socialismo y sindicatos, y la falta de coordinación y obstaculización mutua de servicios autonómicos, locales y nacionales, que son muchos los servicios de la administración que están de hecho inutilizados. Funcionan muy mal o no funcionan en absoluto. Muchos son la prueba viva de la necesidad de acabar con las taifas autonómicas para cuestiones que afectan a la seguridad e integridad de los españoles.
Pero el Gobierno de Sánchez también ha impedido la ayuda que sí era posible. El Ejército desplegado desde el primer día habría salvado vidas y paliado eL sufrimiento de cientos de miles de españoles desesperados. Pero ha impedido así a decenas de miles de uniformados, preparados, formados y dispuestos a una colosal operación de solidaridad nacional que acudan a la región afectada para ayudar como desean.
Quizás la vertiente más infame y perversa de la conducta del gobierno esté en esa abierta parsimonia en la prestación de servicios de emergencia y ayuda a los damnificados. Tres días después de la catástrofe hay ancianos encerrados en su casa sin agua ni alimentos. Eso no es Primer Mundo. Sánchez se asomó a la catástrofe cuando se lo permitió su celebración en la India de la usurpación por su mujer imputada de un cargo oficial que no tiene.
Quieren que el resultado de esta inmensa tragedia sea el contrario del que debiera. Quieren consolidar su poder alargando y profundizando el trauma de los primeros días, culpar a todos los demás, especialmente al gobierno valenciano, y generar una situación de precariedad y stress postraumático que aumente la dependencia de ellos y convierta a las víctimas y a la reacción social en sus aliados, tal como hicieron con las bombas del 11M.
Tienen que crear un grado extremo de emoción y de desgarro para que todos estén volcados en la asistencia, en paliar el dolor y en el luto, para retrasar al máximo la información real sobre el fracaso tercermundista y extremadamente letal de las casi nulas medidas del gobierno, que sin duda son competencia nacional por gravedad y afectan a varias autonomías.
No quieren que se hable de los inmigrantes ilegales que, además de una una carga insoportable para el erario y los servicios de la nación, en parte se han revelado como muy agresivos delincuentes y ahora como alimañas que saquean en debilidad, nocturnidad e impunidad en los pueblos devastados a los vivos y a los muertos.
La terrorífica catástrofe nacional, cuyas dimensiones en pérdida de vidas humanas y daños sólo se empiezan a vislumbrar, debería traer consigo por supuesto la caída de todo el gobierno, la investigación exhaustiva de la repercusión de las demoliciones de presas y azudes, así como otras medidas del gobierno de las que se desprendan responsabilidades.
El absoluto colapso del Estado en sus funciones más básicas exige un giro radical que pasa no sólo por la inhabilitación perpetua de incompetentes y delincuentes hoy aún al mando. Pasa también por una política informativa central veraz, responsable y exhaustiva, y el cese inmediato de todos los indeseables e inmorales portavoces del gobierno, pruebas vivas de su voluntad de mentir.
Si el gobierno no dimite y convoca elecciones, los españoles han de salir a la calle sabiendo que tienen un enemigo del pueblo encastillado en un gobierno fracasado, incompetente salvo para el robo y la mentira, y un peligro mortal permanente para todos los españoles y su nación.
Hoy podemos decir muy claramente, a la vista de los muertos y la destrucción apocalíptica y las reacciones habidas a la vista de toda España y el mundo, que este gobierno ya está matando españoles por conveniencia política al negar la ayuda de la que disponía desde el primer momento.
Toda España debe entender que estamos en un conflicto más allá de ideologías y propuestas diversas de gestión y vida. Nos enfrentamos a un poder criminal que nos ha arrebatado a la sociedad civil, a la economía, a las familias y a los individuos nuestros recursos, nuestro derecho a la información y a la expresión, y nuestra libertad. A algunos ya les ha quitado la vida.
Además tendrá que responder por su criminal denegación de auxilio estos tres días en los que muchos ancianos y otros habitantes de la región encerrados en garajes y casas bajo el lodo podrían haber sido salvados con vida. Miserable actitud de cálculo ya cometido durante el COVID cuando permitieron situaciones de desamparo absoluto y pánico cuando no dejaron que los proveedores habituales trajeran mascarillas, porque ellos preparaban sus operaciones con sus amigos para hacerse ricos antes. Ahora se trata de echar la culpa al gobierno de la Comunidad Valencia del drama, aunque eso cueste unos cientos de vidas más que se podían haber salvado.
Nos ha maniatado y nos quiere manipular y aplastar aún más, como se vio con su decreto para controlar aún más TVE y subir impuestos en las horas en las que los españoles muertos aún flotaban sobre las aguas. Quiere tenernos a su merced para que no podamos exigir sus responsabilidades políticas y penales por una política en bosques y ríos, en información y gestión de la administración como de la crisis.
Pero además quieren utilizar esta crisis también para, como hicieron con el COVID, recortar una vez más la capacidad de denuncia de su corrupción colosal generalizada, sus actitudes delincuentes, sus agresiones a la justicia, la impunidad por cuestión ideológica, sus vínculos con el narcocomunismo y los asesinos del crimen organizado de sus socios iberoamericanos. Así como su política golpista, totalitaria, mentirosa, saqueadora y empobrecedora para todos los españoles menos para ellos.
El infierno de Valencia debe ser el último clavo del féretro para una aventura criminal comenzada hace seis años por Sánchez y su banda. Hoy está claro que es o ellos o nosotros.
