La obscena renovación del CGPJ

Con particular obscenidad se ha procedido a la última renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta vez no se ha tratado de un arreglo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, con participación de los dos nacionalismos que gobiernan Cataluña y el País Vasco, sino que se ha permitido entrar en este juego a fuerzas parlamentarias más pequeñas, como Izquierda Unida y Unión del Pueblo Navarro, que han colocado a sus respectivos candidatos; únicamente ha quedado fuera Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ha calificado el acuerdo como “indecente”.

No ha sido ningún error de los partidos, sin embargo: saben que la sociedad española ya está lo bastante anestesiada para soportar agresiones al espíritu de la Constitución como ésta; y sólo la figura del Defensor del Pueblo está legitimada para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este espectáculo, aunque no es probable que lo haga: ya el TC encontró el modo de convalidar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que estableció el nombramiento parlamentario de todos los vocales del CGPJ, argumentando que la Constitución señala que Congreso y Senado deberán elegir a ocho, y que los otros doce habrán de ser jueces o magistrados, pero no especifica quiénes deban elegirlos, mientras mantengan su independencia. La sentencia 108/1986 dice, a este respecto: “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”. Y añade: “La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su sustitución (…)”. Pues bien, desde entonces se ha consolidado el sistema de cuotas partidistas, y las protestas desde los más diversos ámbitos han ido disminuyendo con el paso de los años ante los hechos consumados. De ahí que no sea ningún desdoro para la actual Defensora del Pueblo que no se embarque en una aventura llamada, casi con seguridad, a un estrepitoso naufragio.

Podríamos preguntarnos por qué esta vez se han revitalizado las críticas y ha renacido el escándalo. La respuesta es que en el programa electoral de 2011 del Partido Popular, bajo el epígrafe “Una democracia ejemplar”, figuraba este compromiso literal: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. El incumplimiento es flagrante y clamoroso, y no cabe alegar, como en la política económica, que las cifras encontradas al llegar al poder obligaron a poner entre paréntesis el programa si se quería salvar al país.