El anuncio de cierre de la televisión pública valenciana Canal 9, hecho por el Gobierno autonómico de Alberto Fabra, ha suscitado no pocos comentarios lastimeros por parte de políticos de la izquierda y de profesionales del periodismo. Los argumentos esgrimidos en favor del cierre han sido de naturaleza económica: al haberse anulado judicialmente los despidos del ERE, dicen, el ente público RTVV está abocado a la quiebra, y no hay otra alternativa que su supresión. En cambio, los alegatos de quienes se oponen a esta medida son, digamos, ideológicos: lamentan el duro golpe que el pluralismo informativo sufre con esta decisión. Yo debo de ser un bicho raro, porque me parece que lo que tendría que haber sucedido es exactamente todo lo contrario: los argumentos del Gobierno deberían ser ideológicos, y los de los profesionales, económicos y laborales; así todo sería más lógico.
El Gobierno autonómico del Partido Popular debería haber argumentado que en una democracia, del mismo modo que no es imaginable que haya periódicos de titularidad pública, tampoco debería ser defendible que haya radios y televisiones que dependan del poder político; la prensa libre (entendida la “prensa” como los medios de comunicación en general) es un requisito sin el cual no cabe hablar de democracia merecedora de este nombre. El proceso de formación de la opinión pública ha de producirse sin la interferencia del poder político, que no puede ser juez y parte. La radiotelevisión pública es, en términos de democracia, un oxímoron.
Para salir del paso y defender las radios y televisiones públicas como consecuencia de la aberrante calificación de la radiodifusión y la televisión como “servicios públicos esenciales”, o sea, de titularidad pública, nuestro Tribunal Constitucional se inventó una figura original: la “opinión pública libre”, que no sería la resultante de un proceso libre de interferencias gubernamentales, sino el resultado de una acción del Gobierno y de la sociedad que ofreciera al público todo el abanico ideológico. Habilidoso truco que no esconde, sin embargo, el obstáculo insalvable de la imposibilidad de una radiotelevisión dependiente e independiente del poder al mismo tiempo.
Las quejas de la izquierda política y periodística vienen vestidas con lenguaje de libertades, pero en realidad despiden el mismo tufo intervencionista de la defensa de la empresa pública, la banca pública y cualquier cosa pública, nutrida del dinero extraído coactivamente a los contribuyentes y del que poder disfrutar tanto si a la gente le gusta como si no. Dinerito seguro en una trinchera ideológica ocupada por ellos y pagada por otros. Déjà vu.
