Aplicando la Navaja de Ockham, la causa de la crisis económica comúnmente aceptada es «haber jugado por encima de las propias posibilidades». Pocos son los que quedan excluidos de ser un potencial sujeto de esta explicación, mucho menos las Administraciones Públicas, que representaron el summum del despilfarro financiado a base de deuda.
Los empresarios tuvieron que cerrar empresas demasiado endeudadas como para ser rentables, las familias aceptar que se había cerrado el grifo de la retahíla de subsidios que fomentaba la dependencia económica ciudadana de un Estado asfixiado desde tiempos socialistas. Pero ¿qué hacer con los gobiernos locales y regionales cuando el virus del manorrotismo parecía haberse extendido cual pandemia?
El drama se incrementaba cuando en plena apoteosis de la crisis económica, muchos autónomos señalaban directamente a los ayuntamientos como los causantes de la quiebra de sus empresas. Facturas a pagar en noventa días cuyo cobro se convertía en una Odisea para los proveedores privados, muchos de ellos, pequeños y medianos empresarios. El PP tomó entonces una decisión práctica: dar prioridad a saldar las deudas municipales.
Si existen los recurrentes ‘brotes verdes’, es en los ayuntamientos. De los 8.115 que tiene España, 6.707 cerraron 2012 con superávit y en junio del 2013, estos gobiernos locales atesoraban ya 1.931 millones en contraposición a los 312 millones que debían en esta fecha el año anterior. Los ayuntamientos, otrora endeudados hasta lo indecente, son ahora un ejemplo para sus ‘hermanos mayores’, rezagados todavía en su saneamiento.
Este es el caso de muchos gobiernos autonómicos, para los que Papá Estado, en honor al trillado ‘café para todos’, creó el Fondo de Liquidez Autónomica, alias FLA. Según datos del Ministerio de Hacienda, el benevolente FLA ha ahorrado a estas Comunidades Autónomas 503,19 millones en intereses al año. Porque los inversores privados, que componen un mercado tachado a la ligera de tirano, habrían exigido un beneficio correlativo al riesgo que implica ceder su dinero a según qué gobiernos autonómicos, mientras el Gobierno Central predica con el ejemplo de solidaridad en el que se fundamenta la unión de España.
Pero como todo buen padre, Moncloa ha exigido cambios que mermen el despilfarro indiscriminado que se estilaba hasta la desaparición en combate de Zapatero tras dejar el cargo, y no todos han estado a la altura. Los gobiernos de algunas CC AA se comportan como hijos rebeldes en plena edad del pavo, haciendo evidente que el café no tiene que ser para todos, sino para quien lo merece.
